Tribunal rechaza intento por aumentar condena contra el PAC por estafa al TSE

El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José declaró sin lugar una demanda con la que la Procuraduría General de la República (PGR) pretendía que se elevara la condena impuesta al Partido Acción Ciudadana (PAC) por su estafa al Estado.

Lo anterior luego de que declarara como cosa juzgada los hechos contemplados en el reclamo civil efectuado a la agrupación que gobernó Costa Rica entre 2014 y 2022.

Esta determinación fue tomada el 23 de octubre anterior, al cabo de un debate oral y público.

Sin embargo, el resultado del contradictorio trascendió hasta este martes y fue confirmado a Teletica.com por el representante legal de la organización política, Érick Gatgens.

Así se desestimó la posibilidad de añadir un reclamo de ¢160 millones a los ¢352 millones por los que Acción Ciudadana fue originalmente sentenciado; monto que adquirió firmeza y que incluso el partido ya canceló (únicamente le resta pagar lo que equivale a intereses y costas).

No obstante, contra lo resuelto aún cabe apelación; situación que deberá estudiar la Abogacía del Estado.

Será hasta el próximo miércoles que se conozca el fallo integral; mismo que deberá ser estudiado por las partes antes de decidir si recurren o no la resolución.

Contratos simulados

El caso en cuestión tiene que ver con un esquema fraudulento con el que el PAC pidió a la Autoridad Electoral le fueran reembolsados ¢512 millones con deuda pública por 263 contratos por servicios profesionales, aun cuando los trabajos que se describían en los mismos habían sido hechos de forma voluntaria por militantes de las elecciones de 2010.

Por los hechos relacionados con 179 de esos pactos, el Tribunal Penal de San José sentenció al extesorero del partido, Maynor Sterling, así como al exadministrativo Manuel Antonio Bolaños, a seis y tres años de cárcel. Sobre los otros 84, a ambos se les absolvió de toda pena y responsabilidad.

"Este proceso, cuando fue a juicio en 2016, en esa sentencia que se dictó en ese momento, los jueces tomaron dos decisiones relevantes. La primera es que condenó penal y civilmente en relación con una determinada cantidad de contratos, pero en relación con otro grupo de contratos, absolvió penal y civilmente.

"Cada grupo de contratos tomó su curso distinto. En los que hubo condena penal y civil, esos quedaron en firme y esos son los que está cumpliendo el partido al hacer el pago de la respectiva indemnización. Sobre los otros contratos en los que se absolvió penal y civilmente, la Procuraduría únicamente apeló la absolutoria civil, pero no la penal", explicó en conversación con este medio el abogado Érick Gatgens.

La tesis del defensor es que, como únicamente se recurrió lo civil, la absolutoria penal por los 84 contratos quedó en firme y, por lo tanto, no existe la posibilidad de hacer un reclamo sobre esos otros hechos, pues no se estableció que fueran contratos simulados.

Esta decisión no afecta en lo absoluto lo relacionado con las penas de Sterling y Bolaños, ni la indemnización inicial que se le impuso a Acción Ciudadana, por ¢352 millones. Los hechos se investigaron y juzgaron bajo el expediente 12-000024-033-PE.

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