Si se aprueba una reforma presentada al Congreso, los servicios de hospedaje no tradicional como Airbnb se expondrán a una sanción que los puede dejar inhabilitados hasta por dos años.
Airbnb existe desde el año 2008. Se trata de una plataforma que les permite a las personas alquilar sus viviendas o inmuebles a otros, para pasar unas vacaciones lejos de las costosas tarifas hoteleras.
Las propiedades de muchos ticos forman parte de la oferta de opciones en esta plataforma, un aproximado de 5 mil, por eso se ha convertido en una fuente de ingreso, pero en la Asamblea Legislativa hay un proyecto que traerá cambios a este servicio.
“Busca reformar la ley para regular los hospedajes, el objetivo principal es brindar mayor seguridad y proteger los derechos de quienes usan los servicios y de quienes los brindan, además, la reforma propone que quienes ofrecen los servicios se puedan inscribir en Tributación y en el Instituto Costarricense de Turismo para que puedan pagar los impuestos que la ley establece”, explicó Carolina Delgado, diputada PLN.Lea también
Por su parte, a la Asociación de Consumidores Libres les preocupa esta reforma impulsada. Un abogado asegura que analizó el proyecto, que en la letra menuda hay graves consecuencias para esta plataforma en Costa Rica.
“Pretende prohibir por dos años a las familias costarricenses ofrecer hospedaje en estas plataformas, esta medida, impulsada por el ICT, se aplicaría sin el debido proceso ni la posibilidad de apelación, afectando gravemente los derechos fundamentales de los propietarios, esta propuesta es desproporcional y aumentaría los precios”, dijo Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de Consumidores Libres.
La diputada proponente asegura que de ninguna manera el proyecto busca prohibir el servicio hasta por dos años.
“Lo que si establece es una sanción que consiste en cesar la promoción del servicio de hospedaje no tradicional, cuando el propietario no demuestre las obligaciones previstas o cuando se encuentren sancionados por las autoridades respectivas, siempre asegurando el debido proceso para que estas sanciones se apliquen de manera justa y equitativa”, agregó Delgado.
Por su parte, el ICT indicó a Telenoticias que llevaron este proyecto para consulta, remitido por la Asamblea Legislativa y que en este momento está en proceso de revisión por las unidades técnicas competentes y que en su momento se emitirá el informe solicitado por la Asamblea Legislativa.