POR Gabriela Badilla | 1 de agosto de 2014, 11:03 AM

Un decreto con el cual se aumentarían las tarifas de acceso a áreas protegidas y que incorpora el impuesto sobre las ventas en ese monto, genera inconformidad en el sector turístico.

El decreto fue firmado el pasado 30 de abril y desde entonces, la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) acudió a diferentes instancias políticas para frenar su validez.

En la Cámara aseguran que la aplicación del impuesto a las tarifas de ingreso a las Áreas Silvestres Protegidas, podría sentar el precedente legal para que el Ministerio de Hacienda valide que las actividades turísticas sean consideradas como servicios de recreo, por lo que podrían ser gravadas, incluso proceder con el cobro retroactivo.

Pablo Heriberto Abarca, Presidente de Canatur, mencionó el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República en 1999, sobre este tema.

“Tal y como están estructurados los dos primeros artículos de la ley, se puede concluir que el impuesto de ventas en cuanto a servicios se refiere es de carácter selectivo, es decir, los servicios gravados serán única y exclusivamente aquellos que aparecen enumerados en la ley, sin que exista la posibilidad de incluir otros por la vía de la interpretación o por disposición reglamentaria, de suerte que todos aquellos servicios que el legislador no incluyó, revisten el carácter de exentos”, citó el jerarca.

Para la Cámara, la interpretación de Hacienda y MINAE y la aplicación del gravamen es una señal clara de inseguridad jurídica para el sector. Según ellos generará una serie de implicaciones negativas para la actividad turística, que en caso que se generalice la interpretación a diversas actividades turísticas.