Regreso de cámaras viales se tambalea por restricciones presupuestarias

El anunciado regreso de las cámaras de vigilancia a las carreteras de Costa Rica corre el riesgo de volver a archivarse.

Luego de una larga licitación y una adjudicación en firme, el llamado Sistema de Control para la Movilidad (Sicom) podría venirse abajo debido a las restricciones presupuestarias impuestas por el Ministerio de Hacienda, a partir de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) fue uno de los 50 órganos desconcentrados que se incluyeron por primera vez en el presupuesto ordinario de 2021, esto quiere decir que ahora pasan a ser parte de la radiografía general que Hacienda presenta a la Asamblea Legislativa y que debe cumplir, entre otros, con la regla fiscal.

Si bien el 40% del proyecto (unos ₡8.500 millones) ya habían sido incluidos en el presupuesto 2020, el restante 60% debía entrar en el del 2021, pero este excedió el monto aprobado para la institución. Sin esa segunda parte, el Cosevi no puede dar el banderazo de salida a la iniciativa, algo que debía ocurrir en agosto pasado.

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“La Junta Directiva autorizó dentro del presupuesto ordinario que se gestionaran los recursos para poder honrar lo correspondiente al proyecto de Sicom, pero Hacienda no lo aprobó porque requeríamos una aprobación de la Contraloría y no lo sabíamos porque este es un proceso nuevo. Esa gestión se nos informó la semana anterior, procedimos y ahora se está elevando a la Contraloría para que valore un presupuesto extraordinario, eso luego iría de nuevo Hacienda”, explicó el director del Cosevi, Edwin Herrera.

Ese trámite, en el mejor de los casos, retrasaría la orden de ejecución en meses.

“Si no tenemos el contenido presupuestario para el proyecto no puede continuar, porque aunque lo asumimos con nuestros fondos propios depende de esa aprobación, si eso no llega no podríamos darle el refrendo al contrato ni la orden de inicio.

“No podemos arriesgar a que el adjudicatario, con un contrato refrendado, no podamos pagarle la totalidad del proyecto”, sentenció Herrera.

El director explicó que el 40% está previsto para la compra de todo el equipo que utilizará el sistema, mientras que el 60% restante para la instalación y construcción de la infraestructura necesaria.

Urgente

Herrera confirmó que, pese a que la Contraloría es muy ágil en sus resoluciones, el proyecto no va a poder empatar la urgencia que existe actualmente por su aplicación, máxime con la discusión en la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley que busca reducir las sanciones por incumplir la restricción vehicular sanitaria.

“Estamos ante una pandemia por el COVID-19, pero no podremos olvidar que desde el 2012 los siniestros viales también están catalogados como una pandemia, ahora que vamos a ir retornado a una normalidad diferente pero esperamos que similar, pues vamos a tener de nuevo índices de mortalidad significativos en accidentes de tránsito, lo mismo que en accidentes de tránsito en general, por ejemplo en motociclistas, que habían bajado tanto gracias a estas restricciones sanitarias”, afirmó.

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El Sicom, que originalmente entraría en operación para el tercer trimestre de 2021, fue adjudicado al consorcio Gestión Tecnológica ITS por un monto inicial de ₡20.842 millones para su implementación, más ₡1.998 millones anuales de mantenimiento por cuatro años.

La firma, integrada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Radiográfica Costarricense (Racsa), la holandesa Sensys Gatso y la tica Lanprosa S. A., puso sobre la mesa la propuesta más cara de todas, pero según Cosevi también la más completa, con un total de 1.035 equipos que alimentarán una red vial de 100 puntos de control en su primera etapa.

Este sistema vigilaría no solo la velocidad en carretera, sino otros componentes como la restricción o conductas ilegales como mal estacionamiento o virajes indebidos.

Además, permitiría recabar datos de tránsito para posterior análisis de sus muchas instituciones involucradas.

Herrera dijo esperar que esa importancia permita que la Contraloría avale la presupuestación, y más tarde lo hagan también Hacienda y los diputados.