Reforma al empleo público es inconstitucional, insiste Corte Plena

El proyecto de empleo público afecta al Poder Judicial, violenta la independencia de poderes y es, por lo tanto, inconstitucional.

Así lo defendieron los magistrados de la Corte Plena en su sesión celebrada esta mañana, en la que se aprobó por unanimidad el informe presentado por el magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olaso.

El documento reitera una serie de advertencias que ya habían sido hechas por parte de ese órgano a los diputados, especialmente sobre la rectoría del Ministerio de Planificación, su injerencia en la definición de salarios y evaluación desempeño y otras normativas como el cálculo de vacaciones.

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“A pesar de que se pretende incentivar la participación conjunta en algunas actividades, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica sigue siendo la entidad gubernamental (por ende, externa a esta institución) que abarca mayormente las competencias sobre lo que se ha denominado la ‘Gobernanza del Sistema General de Empleo Público’, de ahí que se mantenga el desconcierto sobre una clara violación a la independencia de Poderes y funciones como garantía constitucional”, cita el informe.

Luego de terminar con el análisis de mociones, los legisladores enviaron el texto a la Corte Plena para su análisis, igual que hicieron con el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense de Seguro Social, las municipalidades, universidades públicas y otras instituciones autónomas.

La Corte Plena es la primera en responder a esa consulta.

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Los magistrados de la Sala Constitucional se inhibieron de participar en la discusión, pues ese documento llegará a consulta de ese órgano una vez el proyecto se apruebe en primer debate, lo que se espera suceda luego de esta serie de consultas.

El proyecto, que promete reformar todo el régimen de empleo en la función pública, defiende entre otras la creación de un salario único o global para todos los trabajadores nuevos y actuales, lo mismo que la definición de familias salariales, todo bajo la rectoría de Mideplan.

La iniciativa es el proyecto estrella en el acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional por $1.778 millones y su aprobación es el requisito para el traslado del segundo tracto de ese crédito que ayudaría a sanear las finanzas públicas del Estado.