La obligatoriedad del uso del PIN para pagos con tarjetas, que fijó el Banco Central de Costa Rica para mayo próximo, será ahora analizada por la Sala Constitucional.
El abogado Mauricio Brenes presentó un recurso de amparo contra la directiva del Central por esa orden, que obligará a todos los tarjetahabientes a digitar un código en compras mayores a ₡30.000.
“Tenemos derecho a reglas claras. El Estado costarricense nos ha venido diciendo, desde el inicio de la pandemia, una serie de lineamientos de salud (…) Ahora el Estado costarricense nos exige que toquemos superficies de contacto públicas, que son vectores de enfermedades, virus y bacterias, lo cual es contradictorio con toda la política de pago sin contacto que se venía haciendo”, afirmó el abogado.
Para Brenes, es “imprudente y contradictorio” hacer esta exigencia en medio de la pandemia, cuando las directrices mundiales apuntan a reducir el contacto.
El Banco Central aseveró, días atrás, que esa tesis de reducir el contacto no es válida, pues ahora mismo las compras mayores a ₡30.000 también requieren del uso de una firma por parte del cliente, lo que obliga a tener contacto con un lapicero que muchas otras personas también tocan.
La entidad, que originalmente había previsto el cambio para inicios de febrero, echó atrás con esa fecha para dar espacio a los emisores de tarjetas y sus clientes de informarse más acerca de la directriz, así como para iniciar con el proceso de cambios de datáfonos y tarjetas que también exigirá la medida.
La nueva fecha prevista para el cambio es ahora el 1° de mayo próximo.