El viernes anterior la Fiscalía allanó Casa Presidencial como parte de la investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) y diversos sectores se preguntaban lo mismo, ¿por qué se tardó una semana en desarrollar estas diligencias?
La Fiscala General, Emilia Navas, explicó este lunes el proceso durante conferencia de prensa.
Navas indicó que el viernes 21 de febrero, día que se dio a conocer del decreto de la UPAD y posterior derogación por el presidente Carlos Alvarado, ella le solicitó a Karen Guzmán, trabajadora de la Fiscalía, que recopilara toda la información de prensa con respecto a la UPAD.
La Fiscala General asegura que durante el fin de semana del 22 y del 23 se trabajó en analizar la información con la que se contaba y que el lunes 23 se dio la orden de arrancar con la investigación en forma.
Ese mismo día a Navas se le informa que ya existían dos denuncias por el caso de la UPAD, por lo que pasan a determinar cuáles son las diligencia a realizar y se llega a la conclusión que es necesario realizar el allanamiento en Zapote.
Según la Fiscala al tratarse de una investigación que incluye personeros del Ejecutivo, protegidos por un fuero especial, se requirió de un trabajo de inteligencia asociado con el OIJ antes de presentar a la Sala Tercera la solicitud de allanamiento.
Esto ocurrió el jueves y fue el viernes a eso de las 3 a. m. cuando Navas fue notificada por parte de los magistrados que contaba con la autorización para proceder con las diligencias.
Navas, quien por ley debe estar presente durante el proceso, arribó a Casa Presidencial a eso de las 8 a. m., una semana después de que se dieron a conocer los hechos, y las diligencias finalizaron el sábado en la tarde.
En estos allanamientos Navas indicó que se secuestraron celulares, tanto de trabajo como personales, y computadoras.
Al respecto de la información recabada hasta el momento Navas aseguró que por el momento no hay evidencia que se haya borrado información de los dispositivos secuestrados.
La razón de este medida es que, según Salazar, ella preconstituyó prueba espuria e ilegal , violando el artículo de la 36 de la Constitución, que prohibe que alguien sea obligado a declarar contra sí mismo.