Las operaciones del hogar Manos Abiertas, allanado la mañana de este martes bajo sospechas de torturas a menores de edad y adultos mayores, deberán ser asumidas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
Esto tras una "medida cautelar atípica", destacaron el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, así como la ministra de Niñez y Adolescencia, Kennly Garza, durante un operativo interinstitucional dirigido contra la organización no gubernamental.
Tal disposición fue dictada por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, a solicitud de las fiscalías de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de Niños y Adolescentes (FANNA) y la Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico de Migrantes; confirmó el departamento de comunicaciones del Ministerio Público ante consulta de Teletica.com.
Así las cosas, ambas instituciones deberán ejecutar la intervención administrativa correspondiente y de la dirección de la fundación y sus sedes.
La también presidenta ejecutiva del Patronato de la Infancia destacó que, en el marco del proceso penal, la institución ya contrató el personal necesario para poder asumir el normal funcionamiento de la fundación.
Dicha atención incluye un equipo de 60 personas, entre médicos generales, pediatras, enfermeras, cuidadores y asistentes de pacientes, así como personal de cocina, limpieza y seguridad. No se precisó cómo se logró reunir esa planilla, ni cuándo, ni cuál es el costo de la misma.
Valga recalcar que Manos Abiertas atendía a menores de edad y adultos mayores en fase terminal. Para llevar a cabo su labor, el Estado le giró —mediante al menos seis instituciones públicas— poco menos de ¢6.500 millones y le asignó equipo médico en los últimos años, de acuerdo con el jefe de la Policía Judicial.
De ahí radica la importancia de que el centro continúe con sus operaciones, de manera que sus enfermos reciban los cuidados que requieren.
En la sede de Desamparados de Alajuela, la fundación mantenía cinco niños de meses de nacidos, 28 de entre 1 y 6 años de edad, 25 de entre 7 y 11 años, así como 12 entre los 12 y 18 años.
Junto a estos 70 menores (aunque Zúñiga sostiene que son 79), había 15 adultos mayores.
Otros 65 adultos mayores eran atendidos en la sede de La Unión, que quedará a cargo del Consejo de Personas con Discapacidad.
De hecho, cuatro tuvieron que ser trasladados a centros médicos para hacer atendidos por complicaciones asociadas a traqueotomías (abertura en frente del cuello que se hace durante un procedimiento de emergencia o una cirugía planeada).
Todos los pacientes serán revisados en el transcurso del día por personal de la Clínica de Medicina Legal del Organismo de Investigación, así como de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre otros.
Durante el operativo —que se espera se extienda por tres días— se detuvieron cuatro mujeres y un hombre. Entre ellos, destaca la madre supervisora del convento, de apellido Rodríguez, así como colabores de apellidos Villalobos, Quirós, Hidalgo y Granados (hombre).
Sobre este particular se tienen en trámite consultas ante las oficinas de prensa del Patronato de la Infancia y la Corte Suprema de Justicia.