ONG vinculada a aparentes torturas recibió poco menos de ¢6.500 millones del Estado en 5 años

El Estado entregó poco menos de ¢6.500 millones en los últimos cinco años a la organización no gubernamental allanada, la mañana de este martes, por presuntas torturas en perjuicio de menores de edad y adultos mayores en fase terminal.

Las transferencias al hogar Manos Abiertas fueron efectuadas por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Junta de Protección Social (JPS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis). El Hospital Nacional de Niños (HNN), por su lado, entregaba equipo para la atención de pacientes.

Una parte de esos dineros fue aparentemente malversada, a través de la adquisición de bienes, terrenos y viajes al extranjero de personas asociadas a la fundación, comentó el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga.

Ese uso supuestamente irregular de recursos públicos fue el que dio inicio a una pesquisa a mediados del año pasado, mediante la cual se identificaron otra serie de situaciones relacionadas con el cuido de enfermos beneficiados por el trabajo que, en un principio, realizaba la organización.

Según el jefe de la Policía Judicial, se identificaron posibles torturas hacia menores de edad y adultos mayores en cuidados paliativos. Por ejemplo, se tiene que, cuando los niños tenía algún tipo de arrebato, les metían las manos en agua fría. Además, a los menores que presentan el trastorno del espectro autista, se les exponía al Sol hasta que se calmaran.

Esos son algunos de los métodos irregulares que reportaron al Ministerio Público una cantidad no precisada de novicias que por años sirvieron a Manos Abiertas, explicó Zúñiga. Una vez que estas se "desengañaron", fue que acudieron a denunciar lo que ellas consideraban anómalo.

De acuerdo con el director, estas mujeres fueron sometidas a votos de castidad, de pobreza y de obediencia. Era mediante el segundo que los colaboradores supuestamente eran sometidos a trabajos sin remuneración alguna, mientras que con el tercero eran presuntamente obligados a ejecutar acciones muy específicas, como por ejemplo, vestirse de médicos o enfermeros durante las visitas que hacían las instituciones que financiaban las operaciones de la fundación.

Zúñiga insistió en que el centro se promocionaba como una congregación religiosa. No obstante, mediante conversaciones con la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), se arribó a la conclusión de que la organización no está asociada de ninguna manera a la Iglesia, al tiempo que se descartó que Manos Abiertas y sus encargados sean de alguna manera reconocidos.

Como parte de los operativos se detuvieron cuatro mujeres y un hombre. Una de las aprehendidas, de apellido Rodríguez, es la superior del centro. En su casa, la Policía Judicial decomisó una cantidad importante de dinero en efectivo, así como varios chips de líneas telefónicas europeas.

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​Sin nuevos giros

La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Kennly Garza, confirmó a Telenoticias que la institución presentó varias denuncias contra la organización. La última se formuló el lunes.

Pero enfatizó que el operativo de este martes requería una coordinación interinstitucional amplia, en el tanto que, por ejemplo, se debía contar con el personal que asumirá el cuido de los menores y adultos mayores beneficiados por el trabajo de la organización no gubernamental.

Ahora, a partir de las diligencias ejecutadas por el Organismo de Investigación, se dictó una medida cautelar que suspende el giro de nuevas transferencias a Manos Abiertas.

Garza destacó que, también, se inició con los trámites para rescindir el contrato de colaboración con el hogar, que incluía el traslado de recursos para la atención de niños y ancianos en fase terminal por enfermedades que no fueron precisadas.

De igual manera, anunció la apertura de procedimientos administrativos, aunque no detalló contra cuáles funcionarios.

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