El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) denunció que un funcionario desconocido de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) borró 300 correos y 4 archivos en la nube, de uno de los imputados en el caso Barrenador.
Lo anterior, pese a un bloqueo de cuentas que había sido ordenado en el marco de los 28 allanamientos efectuados el lunes anterior por el escándalo de presuntos sobreprecios a pagar a 4 cooperativas y 1 asociación, en una compra de servicios médicos a 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.
Como parte de las diligencias, a las 7:00 a. m. del lunes se inició un respaldo de las cuentas electrónicas de los encartados en la causa, durante una intervención en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones de la institución administradora de los hospitales públicos del país.
Por procedimiento interno, y a solicitud de las autoridades judiciales (no se precisó cuál); los correos electrónicos de esas personas fueran deshabilitados desde ese mismo momento.
No obstante, dos días después, a eso de las 8:30 a. m., el perito de la Sección Especializada de Cibercrimen informó que, al revisar la que el proceso de descarga culminara correctamente, encontró en una de las cuentas (correspondiente a un hombre), generó errores de sincronización de archivos.
Fue entonces cuando se revisó la bitácora y se determinó preliminarmente que 300 correos fueron eliminados, al igual que 4 archivos que estaban en el sistema de almacenamiento en internet (la nube), OneDrive.
Al ahondar, fue posible establecer que el correo fue rehabilitado sin autorización, posterior al bloqueo efectuado en el operativo.
Lo anterior mediante el usuario y la clave de un alto funcionario con capacidad de efectuar tales acciones. Sin embargo, este último no trabajaba al momento en que se dio la acción, pues permanece de vacaciones hasta el 30 de setiembre próximo.
Ante esta situación, el Organismo de Investigación Judicial sospecha que "alguien más" accedió a las credenciales del alto mando para varias los permisos sobre el contenido en cuestión del sospechoso en el caso de presunta corrupción.
La Policía Judicial detalló que el ingreso a la cuenta de correo electrónico se dio el martes a las 9:00 a. m. Mediante una revisión interna de la dirección Internet Protocol (IP) se arribó a la conclusión de que lo borrado lo hizo una persona dentro de la Caja de Seguro Social, pero desde una terminal en el Hospital Maximiliano Peralta, en Cartago.
Para el Organismo de Investigación Judicial, este tipo de "acciones criminales orquestadas" refuerzan su tesis y la de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), de que los allanamientos eran necesarios.
Reiteró la Policía Judicial que "no es posible" en escándalos de este tipo citar a los endilgados para que se presenten a declarar, pues esto alertaría a los involucrados, quienes podrían eliminar algunas de las pruebas.
El Organismo de Investigación Judicial anunció que trabajará con todas las herramientas forenses que tiene a su disposición para recuperar los correos y archivos. De no ser posible con los recursos disponibles, se solicitará asistencia internacional para que el hecho no quede impune.
La presidenta de la institución, Marta Esquivel, evitó referirse a la investigación en su contra, mientras el exrepresentante patronal, Roberto Quirós, dijo que su detención es una muestra del deber de dar explicaciones.