POR Mariela Montero Salazar | 18 de agosto de 2020, 15:25 PM

El Comité Cívico Nacional de Motociclistas presiona al Gobierno para que aplique una rebaja al Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) del Marchamo 2021, argumentado la disminución de accidentes viales que ha generado la restricción vehicular sanitaria.

“Tenemos cinco años peleando por una baja en el SOA y siempre nos dicen que no se puede porque la mortalidad y los accidentes son muy elevados, pero este año hay una baja de entre 50% y 55% en los accidentes. Entonces si antes utilizaban este número para hacer el aumento, ahora el INS debería usarlo para aplicar una rebaja”, dijo Eduardo Murillo, uno de los manifestantes. 

Según Murillo, en un pago de ₡111 mil por el marchamo de una moto, el SOA corresponde a unos ₡89 mil: un monto que consideran excesivo. 

Aun así, el Instituto Nacional de seguros (INS) dice que la rebaja no está garantizada solo por la reducción de accidentes de este año, dado que  el SOA incluye la experiencia siniestral de los últimos cinco años.

“Si bien es evidente que la circulación de vehículos ha disminuido, la restricción ha sido más severa, tenemos menos accidentes y todo eso va a tener un impacto, no podemos obviar la historia; eso forma parte del cálculo técnico que presentamos ante la Sugese”, explicó el jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios y Salud, Sidney Viales.

El vocero confirmó que todavía es pronto para saber si el SOA  tendrá o no una reducción, dado que ellos deben enviar la solicitud de aprobación de tarifas ante la Superintendencia General de Seguros (Sugese), con el fundamento técnico y legal, y esto aún no se ha hecho.

El Comité Cívico Nacional organizó una marcha para exigir la reducción del marchamo el pasado 14 de agosto sobre Avenida Segunda y, según Murrillo, están organizado un segundo movimiento ante la negativa del Gobierno de recibirlos.

Actualmente, en la Asamblea Legislativa se impulsan tres proyectos de ley que también apuntan a una reducción del marchamo.

Uno de ellos busca rebajar hasta en un 50% el cobro del impuesto a la propiedad de los vehículos y mantener el SOA intacto, una alternativa a la que el Ministerio de Hacienda se opone.  

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