El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reactivará las cuatro plantas de asfalto que el gobierno de Carlos Alvarado desechó.
Se trata de los equipos de Paso Real (Buenos Aires de Puntarenas), Colima (Tibás), Atlántico (Siquirres) y Guanacaste (Cañas).
En conferencia de prensa, el ministro Luis Amador aseguró que firmará convenios con las municipalidades geográficamente más cercanas a esas plantas para ponerlas a trabajar a la brevedad.
“La idea en general es reactivar esas plantas, se van a firmar convenios con las municipalidades por proximidad para empezar a sacar mezcla asfáltica de ahí. No tiene ningún sentido tener las plantas de asfalto detenidas con tanta necesidad y con el estado terrible en que tenemos la red vial”, aseveró.
El jerarca precisó que casi todas están prácticamente listas para operar, a excepción de la de Cañas, que permanece aún “en cajas” pese a que se compró desde la administración de Laura Chinchilla (2010-2014).
“La de Guanacaste está en cajas, la de Paso Real necesita un repuesto y renovar un permiso, la de Colima es mover un par de postes de luz… Ahí lo único es esa que está en cajas, que esa sí requiere toda una instalación física y tiene un costo asociado y tenemos que conversar a ver cómo se hace eso”, dijo Amador.
Esa planta nunca entró en operación, como tampoco lo hizo la de Buenos Aires, inaugurada en 2017 por el entonces presidente Luis Guillermo Solís.
Los diputados del período anterior aprobaron, por mayoría, un informe que responsabilizaba al exministro Rodolfo Méndez Mata por girar la orden de cierre definitivo de esas cuatro plantas y por, además, mentirle a los legisladores al decirles que esos equipos no podían operar porque faltaba un estudio técnico de Lanamme que así lo avalara, estudio que el laboratorio asegura nunca se le solicitó.
La defensa de Méndez Mata y la administración de Carlos Alvarado es que recibieron las plantas ya cerradas y que su orden de suspender definitivamente su puesta en operación respondía a la millonaria inversión que supondría esto (₡9 mil millones) contra “la escasa ganancia” que estas aportarían al Estado.
Sin embargo, tras el estallido del escándalo “Cochinilla”, en 2021, se denunció que las empresas constructoras aprovecharon esa falta de producción de mezcla asfáltica por parte del Estado para vender la suya a precios muy elevados, una tesis que hoy el Ministerio Público investiga.
Amador precisó hoy que la estimación del MOPT es que la primera planta en entrar en operación sería la de Paso Real y luego Colima. Con respecto a los costos, la proyección es que los equipos demanden una inversión de ₡200 millones.