Ley para anular naturalización de vinculados a narco lleva un mes “engavetada” en Zapote

El proyecto de ley que permitiría anular la naturalización de extranjeros vinculados al narcotráfico permanece “engavetado” en Casa Presidencial desde hace más de un mes, a la espera de la firma del presidente Rodrigo Chaves.

Así lo denuncian diversos actores políticos y de Seguridad, quienes exigen una mayor celeridad en la aprobación de normativas que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado.

El caso más reciente que subraya la urgencia de esta ley se dio este martes, cuando uno de los 50 hombres más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos fue capturado en Costa Rica. Se trata de un colombiano de apellido Meléndez, de 55 años, quien se encuentra nacionalizado como costarricense.

La detención se realizó durante uno de los 23 allanamientos liderados por la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los cuales fueron arrestadas otras 10 personas sospechosas de tráfico internacional de drogas y legitimación de capitales.

El director del OIJ, Rándall Zúñiga, confirmó la detención de Meléndez y destacó la necesidad de avanzar en la legislación que permita anular la nacionalidad de aquellos naturalizados que estén involucrados en actividades delictivas.

"La Sala Constitucional ya avaló la extradición de nacionales, pero aún no es ley de la República. Lo que se puede hacer en este caso es quitarles la naturalización y someterlos a la justicia costarricense", explicó Zúñiga.

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Además, subrayó la importancia de que se firme cuanto antes la ley 23.800, que facultaría al Estado para despojar de la nacionalidad a personas naturalizadas involucradas en delitos graves.​

Por su parte, Gilbert Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, también expresó su frustración ante la falta de acción del Ejecutivo.

"La reforma a la ley para la extradición de nacionales ya pasó la primera legislatura y fue enviada a la Sala Constitucional, que confirmó que no hay inconstitucionalidad; sin embargo, no podemos darle segundo debate hasta mayo del próximo año, debido a los plazos legislativos.

“Con respecto a la ley 23.800, esta le fue entregada al presidente el pasado 7 de agosto, y ya debería estar publicada en 'La Gaceta', pero aún no ha sido firmada", señaló.

Jiménez cuestionó la inconsistencia en la tramitología de proyectos dentro del Ejecutivo, destacando que algunas leyes se firman en menos de una semana, mientras que otras, consideradas esenciales para la seguridad del país, se demoran injustificadamente.

"Ante un tema como la seguridad, donde ya pasaron todos los filtros y no hay inconstitucionalidad, el presidente debería ser más ágil en la gestión de estos proyectos", afirmó Jiménez.

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, se sumó a las voces que demandan una reforma urgente en la legislación costarricense. “Aspiramos a una reforma legal en nuestro país que endurezca la legislación en contra del crimen organizado”, declaró.

Durante la mañana de este martes, Teletica.com le consultó a la oficina de prensa de Presidencia sobre el atraso en la firma de la Ley 23.800; sin embargo, en horas de la tarde indicaron que la consulta estaba en trámite.

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