POR Greivin Moya | 24 de enero de 2017, 8:16 AM

Nuestra denuncia sobre la explotación intensiva del cultivo de truchas en los ríos Savegre y Buena Vista de Pérez Zeledón, que dimos a conocer hace algunos meses, continúan provocando acciones  en los estrados judiciales.

Un juicio anterior condenó al representante de Truchas Reales, José Miguel Víquez Mora, a un   año de prisión con ejecución condicional de la pena por tres años, por el delito de usurpación de aguas, por tomar más agua de la concesionada del río Savegre en San Gerardo de Dota.

Sin embargo con relación al aprovechamiento del agua el juez dijo que una vez en firme la sentencia verificar si tenía concesión y sino proceder al cierre del lugar.

Pero  ahora otro juez  penal que analizó una medida cautelar del cierre de la actividad  para proteger el recurso hídrico y los recursos naturales, ordenó el cierre absoluto e inmediato de los dos estanques tanto el del río Savegre como el del río Buena Vista en Rivas de Pérez Zeledón.

Le dio un tiempo de diez días a José Miguel Víquez, representante de Truchas Reales para sacar  las truchas del lugar y cerrar al sitio, esto como medida para evitar más afectación en  los ríos.

Pues no obstante notificaciones de la dirección de aguas, hizo caso omiso. A la fecha sigue  desviando las aguas de ambos ríos en gran proporción para lucrar con su negocio de truchas.

Cuando en su oportunidad abordamos a José Miguel Víquez, mencionó que no se estaba causando ningún daño al río.

El juez fue enfático en señalar que en el caso se cumple la presunción razonable de que se comete el delito de usurpación de aguas y en consecuencia para proteger el recurso hídrico y el ecosistema  se justifica el cierre de la actividad como medida cautelar, pues siguen operando los dos sitios sin tener concesión de aguas.

En el caso de Buena Vista se está tomando más de 600 litros por segundo y en el Savegre se ha tomado hasta más de 1200 litros por segundo, en forma irregular,  aun cuando en varias ocasiones le dirección de aguas los notificó y los advirtió de que no tenían permiso en un caso y en otro la  canceló por no acatar las disposiciones del Minae

Otro dato llamativo  en este caso es que aun con estos problemas, esta actividad obtiene el beneficio de estar en una zona franca y no paga impuestos