Sucesos
Fiscalía investiga supuestos trabajos municipales en finca de "Pancho Villa"
La denuncia anónima sobre la Municipalidad de Corredores también fue recibida en la Contraloría General de la República.
El juicio contra el sujeto conocido policialmente como "Pancho Villa" y su estructura arrancará el lunes próximo y se extenderá por los siguientes ocho meses y medio.
La apertura del debate oral y público está prevista para llevarse a cabo del 4 de marzo al 20 de noviembre en el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada, cuya sede se encuentra en el I Circuito Judicial de San José.
Dicho señalamiento fue confirmado por la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta de Teletica.com.
Este medio también procuró verificar la programación de la vista con el departamento de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, pero esta se limitó a indicar que el contradictorio estaba previsto para celebrarse a partir del próximo mes, sin precisar la fecha de arranque, pues está pendiente de preparar el protocolo de cobertura de la audiencia.
No obstante, el Poder Judicial sí indicó que el juicio fue pasado a la nueva jurisdicción. Valga recalcar que, antes de la puesta en funcionamiento de estos tribunales especializados, el caso se llevó en la jurisdicción ordinaria de San Ramón.
La investigación y persecución del expediente 19-000004-0822-PE, por su parte, estaba a cargo de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. El contradictorio lo encarará la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada.
Drogas y lavado
El juicio en cuestión fue ordenado el 13 de setiembre de 2023, en contra de 14 hombres y una mujer, sospechosos de narcotráfico y blanqueo de dinero, entre otros.
Un hombre de apellidos González Hernández destaca como el presunto cabecilla de la organización.
Entre los imputados también sobresalen tres hombres de apellidos Chavarría Hernández, Concepción Quiel y Campos Jiménez. El primero era el presidente municipal de Corredores en aquel momento, mientras que los dos restantes eran agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La acusación apunta a que, entre diciembre de 2018 y abril de 2021, el grupo criminal en apariencia introdujo droga al territorio costarricense, a través de los cantones costeros de Golfito y Puerto Jiménez. Se cree que trasladaban en una vagoneta.
En la pieza del Ministerio Público, se detalla que, presuntamente, los dos oficiales investigados asesoraban a la banda e, incluso, le escoltaban la droga para ubicar a tiempo retenes policiales.
Sobre el entonces regidor se menciona que este, supuestamente, coordinó reuniones para el líder del grupo con terceros, que tenían como objetivo aparente de instaurar empresas que luego eran usadas para legitimar ganancias.