La Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sugirió a la Junta Directiva ordenar un análisis de las otras ofertas que recibió para la construcción del nuevo hospital de Cartago, a fin de valorar una eventual readjudicación, tras el retiro de la empresa inicialmente contratada para ese fin.
Ese criterio está contenido en el informe GA-DJ-7880-2024, que trascendió la mañana de este lunes durante una comparecencia en la Comisión Especial de Cartago de la Asamblea Legislativa.
La sugerencia se desprende de una propuesta de acuerdo de la cúpula, que no ha podido discutirse en virtud de la suspensión de cuatro de los miembros de ese órgano en el marco del caso que policialmente se conoce como Barrenador.
El asesor legal de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), Adolfo Gell, fue el primero en hacer alusión al documento y enfatizó en que una readjudicación implicaría que la Junta Directiva se incline por la segunda oferta mejor calificada; es decir, la correspondiente a la Compañía Constructora Van der Laat y Jiménez Sociedad Anónima.
Lo anterior implicaría un atraso de solo un año; pero ahorraría un año más que tomaría el efectuar una nueva licitación.
Sin embargo, el abogado recordó que, si se inicia otro proceso para un nuevo terreno para levantar el centro médico, el atraso para realizar el proyecto ascendería a una década.
Precisamente por eso es que la Cámara de Construcción espera que la Caja de Seguro Social se incline por la primera de las opciones.
No obstante, la duda ahora gira alrededor del pronunciamiento que anteriormente hizo la Contraloría General de la República (CGR) al rechazar una apelación de Van der Laat y Jiménez contra la adjudicación hecha a Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura Sociedad Anónima.
Gell explicó que, para el órgano auxiliar del Congreso, la gestión era inadmisible porque su presupuesto para el proyecto era superior a la capacidad que tenía la institución administradora de los hospitales públicos del país.
Bajo esa línea, el director ejecutivo de la Cámara de Construcción, Rándall Murillo, expuso que existía una diferencia del 27% entre las ofertas planteadas entre la empresa ganadora y la que terminó como segunda mejor calificada.
"Eso no es normal", aseveró el representante de la organización empresarial, quien también aseguró que los márgenes usuales oscilan entre el 6% y 8%.
"Una diferencia así llamaba a pensar en que era un precio ruinoso", agregó Murillo.
Pero Murillo destacó que aquella propuesta de la compañía mexicana era cercana a los precios de referencia que tenía la Caja de Seguro Social, lo que lo hizo creer que los cálculos "no fueron tan finos".
El acuerdo propuesto por la Dirección Jurídica apunta a que se instruya a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías la apertura de un procedimiento administrativo contra Desarrolladora Mexicana de Infraestructura, según el informe del que Teletica.com tiene copia.
Lo anterior con el objetivo de determinar la eventual responsabilidad de la empresa por su negativa a formalizar el contrato de la licitación nacional 2022LN-000001-0001104402.
Para tal efecto, se sugiere que sea el Centro para la Instrucción del Procedimiento Administrativo (CIPA) el que se constituya como órgano director de la pesquisa.
A su vez, se recomienda instruir a la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías iniciar una investigación preliminar a efecto de determinar la existencia o no de alguna responsabilidad patrimonial atribuible a la compañía mexicana.
En la comparecencia también declaró el director ejecutivo de la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica-México, Santiago Aguilar, quien descartó conocer las razones por las que Desarrolladora Mexicana de Infraestructura se retiró del proyecto.
Sin embargo, mencionó que esa decisión sí le tomó por sorpresa. En ese sentido, señaló que la compañía adjudicada había mantenido reuniones con la organización empresarial que él representa, orientadas a facilitar la relación entre las partes a partir de su selección para el desarrollo del proyecto.
"No la veíamos venir", indicó, para luego ampliar que los encuentros operativos más bien iban encaminados a la llegada de la empresa al país.
Aguilar reconoció que la decisión puede impactar la reputación del empresariado mexicano, pero se mostró confiado de que se trata de una excepción. Acotó que desconoce si existió presión política para que Desarrolladora Mexicana de Infraestructura se retirara del proyecto.