POR Teletica.com Redacción | 20 de junio de 2018, 5:40 AM

El Presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, anunciaron un agresivo plan contra la evasión fiscal, mediante el cual esperan lograr una determinación de impuestos dejados de pagar de al menos ¢50.000 millones solo en lo que resta del año.

Entre las acciones anunciadas en conferencia de prensa destaca el hecho de que Hacienda apretará la tuerca contra un numeroso grupo de contribuyentes que declaró cero impuestos en el periodo fiscal anterior.

Los altos jerarcas explicaron que el plan contra la evasión fiscal incluye, además, la implementación de herramientas tecnológicas para controlar la evasión, así como acciones en vía administrativa y de la Policía de Control Fiscal.

Entre las medidas se contempla intensificar el cobro de casi ¢75.000 millones a 800 contribuyentes por casos que se encuentran en cobro judicial.

Para ello se aplicarán embargos a importaciones, pago de alquileres, taquillas recaudadas en eventos públicos y cualquier otro crédito a favor de los deudores que se encuentran en cobro judicial.

Producto de una primera aplicación de esta medida en días recientes, Hacienda inició el embargo de materias primas de una empresa deudora, lo que llevó al pago de la empresa de un monto cercano a los ¢1.300 millones de colones (¢1.275.220.230,03).

“Otra acción es el plan de cobro de sumas giradas de más a pensionados fallecidos, que se realizará en coordinación con la Dirección Nacional de Pensiones. A manera de ejemplo, solo 11 casos de sumas recuperadas generarían más de ¢236 millones (¢236.280.429,53)”, puntualizó la titular de Hacienda.

Policía de Control Fiscal y Aduanas

Como parte del Plan, la Policía de Control Fiscal realizará, al menos, mil operativos durante el segundo semestre de este año. 

Entre ellos se incluyen la revisión en carretera del Régimen de Importación Temporal bajo la categoría de turismo y transporte de mercancías en zonas estratégicas y las  acciones operativas en los depositarios aduaneros y estacionamientos transitorios.

En materia aduanera, el Gobierno anunció la implementación de un nuevo proceso para la selección de revisión de mercancías, totalmente automatizado, que vendrá a cambiar radicalmente el proceso manual que se ha realizado hasta ahora.

Adicionalmente, se retomarán las bases de datos de valores de transacción para aplicar la metodología de duda razonable en el control inmediato a través de reglas de riesgo, con el fin de que ante el aumento en la percepción de riesgo, los importadores declaren los valores reales de manera voluntaria.

Control tributario

Desde la Dirección General de Tributación se fortalecerá el  plan de control dirigido a 117.000 contribuyentes para determinar por qué el año anterior declararon cero impuestos y se iniciará un programa de acción sobre 1.500 contribuyentes, quienes están incumpliendo con la obligación de utilizar factura electrónica.

Esta Dirección empezará a utilizar el buzón electrónico como medio de notificación para las comunicaciones con los contribuyentes y a partir de enero del 2019 implementará el registro de accionistas en sus planes de fiscalización. Ambas acciones se aplicarán con base en las facultades que le otorga la Ley de Lucha contra el Fraude.  

Este plan nacional de lucha contra la evasión incluye, además, intensificar el uso de la aplicación DenuncieYA, puesta a disposición por el Ministerio de Hacienda para facilitar la interposición de denuncias ciudadanas, fundamentales para las acciones de control.  

El presidente Alvarado comentó que “controlar la evasión es un asunto de todos” e hizo un llamado vehemente a la ciudadanía a unirse al esfuerzo por sanear las finanzas públicas. 

Para ello, solicitó utilizar la herramienta Denuncie Ya, disponible en la página www.hacienda.go.cr, para denunciar a quienes no dan factura, rechazan el pago con tarjeta, evaden la cancelación de impuestos o introducen mercancía de contrabando al país.

El Mandatario indicó que estas acciones se enmarcan dentro de los esfuerzos de control y eficiencia del gasto público, que lleva adelante el Poder Ejecutivo para enfrentar la difícil situación fiscal del país.