Nacional
CCSS se adentra en un diciembre crítico
La institución administradora de los hospitales públicos busca soluciones ante la inminente renuncia masiva de especialistas. Simultáneamente, su presidenta ejecutiva titular intenta regresar.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) tomó declaración indagatoria a Marta Esquivel en una causa que le sigue por presunto peculado.
Esto quiere decir que el Ministerio Público le informó formalmente a la presidenta ejecutiva suspendida de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre la existencia de una investigación que le sigue y le expuso la prueba con la que cuenta.
También en ese espacio, la jerarca tuvo la posibilidad de referirse a los hechos que se le achacan y aportar evidencias que considera oportunas para la investigación.
El trámite fue confirmado por la oficina de prensa del órgano acusador tras una consulta de Teletica.com.
La indagatoria se dio en el expediente 23-000280-1218-PE, en el que también se investiga a una mujer de apellido Badilla, asesora institucional.
No obstante, la Fiscalía explicó que, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal, no le era posible ahondar en detalles sobre los hechos que se persiguen en la sumaria. Dicha norma establece la privacidad de las actuaciones en la fase inicial.
Pero el Código Penal define como peculado la sustracción o distracción de dineros o bienes cuya administración le hayan sido confiados a una persona en virtud de su cargo. La figura además contempla el emplear en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública.
Dicho delito se sanciona con entre 3 meses y 12 años de prisión, según la configuración del hecho.
Fuentes cercanas a la investigación señalaron a Teletica.com que el caso se relaciona con una revisión de expedientes que hizo Esquivel en compañía de dicha asesora institucional.
La declaración se le tomó a Marta Esquivel el 23 de setiembre pasado, mismo día en que fue detenida por el caso policialmente conocido como Barrenador.
Así se desprende del habeas corpus que la presidenta ejecutiva suspendida planteó contra el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dado a conocer por este medio el 7 de noviembre anterior y declarado parcialmente con lugar por la Sala Constitucional 13 días después.
La jerarca describió en el recurso que fue trasladada desde la delegación de la Policía Judicial en Pérez Zeledón hasta los tribunales de Goicoechea, donde la Fiscalía la indagó por el escándalo de presunta corrupción.
"Después de leer más de 50 hechos y declarar por varias horas, llevaron otro expediente para indagarla, sobre un delito de peculado, cuyo expediente fue armado en agosto del 2024, pese a que los hechos son de enero del año en curso", detalla el habeas corpus, de acuerdo con un resumen suministrado por el Alto Tribunal.
Para Esquivel, ese acto formaba parte de una supuesta "estrategia de intimidación", que finalmente fue descartada por los magistrados.
Los jueces solo le dieron la razón a la presidenta ejecutiva suspendida respecto al faltante de un intercomunicador en la parte trasera de la "perrera" en la que fue trasladada, para comunicar sus necesidades fisiológicas a los custodios.
Sobre el particular, Teletica.com procuró un comentario de Esquivel o de su defensor, Edgardo García, pero este último señaló que no emitiría declaraciones en el tanto que estaba a la espera de que el Ministerio Público suministrara pruebas de relevancia para el caso.