La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aparentemente insertó "hechos falsos" relacionados con una supuesta razonabilidad de precios en la adjudicación de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.
Así lo adujo la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) al solicitar los 28 allanamientos que se celebraron hace una semana en el caso mediáticamente conocido como Barrenador.
Esta situación en apariencia se dio en la sesión 9.464 del 6 de julio pasado, luego de que se conociera el informe titulado "Análisis cuantitativo para la gestión de áreas de salud contratadas a terceros", elaborado por la entonces directora de Proyección de Servicios de Salud y actual gerente general, María de los Ángeles Gutiérrez.
Debe hacerse énfasis en que ese documento es el único que recomienda la compra de servicios médicos a cuatro cooperativas y una asociación; contrario a otros dos emitidos por la Junta de Adquisiciones y la Gerencia Financiera.
El mismo fue solicitado por la cúpula de la institución hasta después de que la Gerencia de Logística recomendara que se declarara infructuoso el procedimiento en cuestión, luego de que se detectaron precios supuestamente excesivos.
"Posteriormente, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, procedió con la lectura del borrador del Acta de la Sesión ordinaria 9.464, propiamente en el apartado de 'Consideraciones', la encartada Marta Esquivel, hizo insertar hechos falsos y contrarios a la ley a dicha acta de junta, toda vez que, teniendo pleno conocimiento de que los precios ofertados en cada una de las 10 partidas son excesivos, señaló: 'Me parece que ahí deberíamos incorporar que le da razonabilidad a los precios ofertados, porque en ninguna parte señalamos que después de estos análisis se considera razonable los precios'.
"Como resultado de la sugerencia de la imputada Esquivel, sin oposición de ninguno de los miembros de Junta Directiva presentes, la resolución se fundamentó con la siguiente afirmación falsa: 'Asimismo, se acredita la razonabilidad de los precios ofertados'", dice la orden de allanamiento en poder de Teletica.com.
Este representa otro de los hechos que el Ministerio Público investiga en la trama de presunta corrupción en la que figuran como sospechosas Esquivel y Gutiérrez, así como otras seis personas, entre directivos actuales y anteriores.
La Fiscalía investiga los presuntos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato (dictado de resoluciones contrarias a la ley).
El informe fue la base a partir de la cual la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social se apartó del criterio que recomendaba declarar la infructuosidad del concurso, así como de las opiniones sobre la razonabilidad de los precios.
Desde el punto de vista de la Fiscalía, ese análisis cuantitativo hecho por la directora María de los Ángeles Gutiérrez "complació" a la cúpula de la institución y su aparente "primordial interés" sobre la contratación, que, según la hipótesis del Ministerio Público, inició en 2023, al declararse infructuoso un procedimiento previo e iniciarse un nuevo pliego de condiciones, hasta el propio 6 de julio, que se adjudicó la compra de servicios a las cooperativas y a la asociación.
"Como resultado de esta sesión 9.464, los miembros de Junta Directiva y aquí imputados, Marta Esquivel, Isabel Camareno, Johnny Gómez, Jorge Araya, Zerith Rojas y Jorge Arturo Porras, en detrimento del interés público, votaron a favor para el acto final de adjudicación de la Licitación 2023LY-000002-0001101142, por un monto total mensual de precio por oferta ¢4.199 millones, diferencia mensual de ¢270 millones y precio adjudicado o mensual ¢3.930 millones", dice la orden de allanamiento.
Lo anterior, estimó el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, significó un incremento mensual del 33% respecto al costo actual de la prestación del servicio. Así, el servicio costaría alrededor de ¢12.400 millones más por año a la Caja de Seguro Social.
A pesar de lo anterior, y cuando trascendió una denuncia planteada por la Auditoría Interna ante el Ministerio Público, la institución defendió la adjudicación y aseguró que la misma incluso contempló descuentos efectuados por los oferentes.