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Video: “¿No le da vergüenza robarle a los pobres?” Manifestantes encaran a dueño de MECO
La audiencia de apelación de medidas cautelares contra los investigados por el caso "Cochinilla" finalizó poco antes de las 11 a. m.
Sucesos
Dueños de MECO y H. Solís siguen audiencia de forma virtual por "razones de seguridad"
Un vehículo ingresó ayer al sótano de los Tribunales para recoger a Mélida Solís, debido a la presencia de manifestantes en la entrada principal.
POR Susana Peña Nassar | 13 de julio de 2021, 12:38 PM
Los dueños de las empresas constructoras MECO y H. Solís, investigadas por presunta corrupción, no acudieron presencialmente al segundo día de audiencia de medidas cautelares por el caso "Cochinilla".
Carlos Cerdas y Mélida Solís siguen esta diligencia por Internet, ya que sus defensas alegaron "razones de salud y seguridad".
El lunes, día en que inició la apelación, un grupo de manifestantes se ubicó al frente de los Tribunales del II Circuito Judicial en Goicoechea.
Por esa razón, Mélida Solís salió por una puerta trasera: un vehículo entró al sótano para recogerla.
“Ayer ella estaba un poquito afectada, tenía mucho miedo, ustedes lo pudieron vivir, lo que le pasó a don Carlos Cerdas y a su abogado, que fueron insultados prácticamente desde que salieron de la puerta de los Tribunales hasta que llegaron al parqueo”, expresó Francisco Campos, abogado de la empresaria.
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"En el caso de ella, inicialmente íbamos a esperarnos, si era necesario hasta las 4 p. m. Sin embargo, la defensa hizo la consulta de si había alguna posibilidad de que, por seguridad y sobre todo por su salud, se pudiera autorizar la salida por otra puerta y se nos autorizó", agregó el representante.
Apelación
En esta audiencia, el Ministerio Público insistirá en que el juez dicte prisión preventiva contra 14 investigados por el caso "Cochinilla".
Algunos defensores también apelaron la suspensión del cargo impuesta a los funcionarios públicos.
"Lo que se está conociendo, en este momento, es la exposición de agravios de algunos defensores que han estimado que la suspensión del cargo de los funcionarios públicos es excesiva, máxime que la jueza no indicó si era con goce o sin goce de salario, sino que lo direccionó a que fuera cada patrono el que decidiera", explicó Erick Ramírez, abogado de uno de los empresarios investigados.
"Lo que en principio no se va a resolver aún es el tema de la apelación que existe sobre crimen organizado porque hay un recurso de revocatoria pendiente, que debe resolver primero el mismo juez que dictó la resolución", agregó el defensor.
Hasta el momento, el Tribunal Penal de Hacienda solo ha conocido los alegatos de la defensa de los funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).