Directores piden a diputados investigar a Catalina Crespo

Un numeroso grupo de funcionarios de la Defensoría de los Habitantes solicitó este miércoles a los diputados de la Asamblea Legislativa la creación de una comisión que investigue el actuar de la Defensora Catalina Crespo.

La misiva, firmada por 68 funcionarios y 13 directores, fue enviada al presidente legislativo Eduardo Cruickshank, los jefes de fracción de las diferentes bancadas y varios diputados independientes.

La solicitud llega pocas horas después de que Crespo publicara en el diario oficial La Gaceta un cambio en el estatuto de la Defensoría que suprime las funciones del Consejo Director y ordena que, a partir de ahora, sea ella misma la que defina quiénes integrarán ese órgano asesor y de control.

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Esa medida, catalogada como dictatorial por los directores, es la respuesta según ellos a la solicitud de renuncia que le plantearon en junio anterior a Crespo, luego de que esta presentara su informe anual de labores a los diputados y estos mismos le solicitaran su salida por el mal manejo de la investigación por el caso UPAD y los reiterados cuestionamientos a su gestión institucional.

“Lamentamos muchísimo la posición de la señora Defensora, que de esta institución llamada a defender derechos, a promover el diálogo y la unión surja una decisión respaldada por actitud totalmente dictatorial, incomprensible en el marco de los derechos humanos y de la transparencia, es imperdonable”, dijo este miércoles la directora del Instituto de Educación en Derechos Humanos, Janet Carrillo.

La funcionaria era hasta el lunes la integrante más antigua del consejo que tutelaba a la Defensoría, el órgano que además señaló por primera vez el divorcio que existía a lo interno de la institución entre los directores y Crespo.

Polémica

La decisión de la Defensora de modificar el estatuto de la Defensoría se apoyó en el criterio de que, al ser esta y la Contraloría General órganos que responden a la Asamblea Legislativa, sus estatutos deberían responder a los mismos intereses y lineamientos.

Así, Crespo equiparó ambos y modificó el carácter asesor del Consejo, sus integrantes, funciones y obligaciones, lo mismo que la necesidad de reunirse periódicamente. 

Crespo defendió en un comunicado de prensa que la decisión defiende la modernización de la Defensoría y persigue un orden estratégico.

“El norte estratégico de mi gestión está basado en asemejar a la estructura organizacional y funcional de la Defensoría de los Habitantes para con la Contraloría General de la República en aras de mejorar el rol de salvaguarda institucional en favor de los derechos e intereses de las personas de nuestro país” dijo la Defensora.

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Eso, sin embargo, fue catalogado como un "análisis simplista" por parte de los directores, que calificaron la decisión como un reflejo del desconocimiento de Crespo sobre la normativa de la institución.

"Teniendo claro que ambos órganos son diferentes en su naturaleza y atribuciones, no es posible hacer un parangón entre ambos, en esta materia, por lo que, si bien es cierto la Contraloría General de la República cuenta en su estructura orgánica con un Consejo Consultivo, las diferencias entre ambas instituciones hacen que el argumento al que se recurre no sea válido, como para deducirlo en pos de una reforma de este calado", dice la misiva.

¿Cómo pueden las personas confiar en la Defensoría cuando el diálogo y los acuerdos no se reflejan a lo interno de la propia institución?

"Esa es una tarea muy difícil que vamos a tener que asumir, pero creemos que muchas de las personas nos conocen a través de estos más de 20 años y creen en este equipo técnico, por eso estamos pidiéndole al presidente del Congreso que actúe de acuerdo a las instancias legales para poder retomar el rumbo.

"Pero creemos que esto solo podrá arreglarse con la separación de la señora Defensora de su cargo", sentenció Carrillo.