Al menos dos directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) intercambiaron llamadas con representantes de las cooperativas a las que se les compraron servicios de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud, previo a la adjudicación.
Las comunicaciones constan en un rastreo telefónico elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que se incluyó en la orden de allanamiento revelada el martes por Teletica.com.
El reporte apunta que existió, el 12 de junio pasado, una llamada de casi 27 minutos entre la representante del Gobierno ante la cúpula, María Isabel Camareno, con el representante de una cooperativa. Esto ocurrió 25 días antes de la adjudicación (vea video adjunto de Telenoticias).
Otro personero de una cooperativa distinta, también sostuvo el 12 de abril una conversación de tres minutos con el representante del cooperativismo ante la Junta, José Luis Loría.
"En su condición de representantes de los oferentes interesados en ser acreedores de la licitación (...), mantuvieron comunicación con los miembros de Junta Directiva, con la finalidad de modificar el pliego de condiciones de acuerdo a sus intereses, así como la reticencia y presión ejercida ante la oposición a que el procedimiento se declarara infructuoso, llevaron a cabo gestiones entre reuniones y comunicaciones directas con la Junta Directiva tenientes a presionar sobre el procedimiento de forma que no se valora el análisis financiero emitido por el Área de Contabilidad de Costos, de la Dirección Financiera, ya que, del análisis de las ofertas presentadas por sus representadas se obtuvo un resultado de precios 'excesivo' para cada una de las partidas.
"A su vez, se reunieron de forma presencial con la Junta Directiva para manifestar su molestia sobre la recomendación de infructuosidad. Sobre la cual, la Junta Directiva direccionó la realización de una revisión la cual ratificó el resultado de precios excesivos y al no tener el resultado deseado, solicitó un nuevo análisis apartándose del principio de legalidad, debido a que se requirió a una dirección sin competencia para ello, 'Dirección de Proyección de Servicios de Salud', el cual tuvo una serie de inconsistencias, contradicciones y debilidades; además, es importante resaltar que no correspondió al estudio de razonabilidad de costos debido a que solo el Área de Contabilidad de Costos tiene la competencia para emitir dichos análisis.
"Con base en ese informe, la Junta Directiva adjudicó la licitación, la cual produjo un resultado lesivo al interés público", se extrae de la resolución del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, que se basa en argumentaciones del Ministerio Público.
La presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, quien fue detenida y figura como imputada en el caso Barrenador, evitó referirse a la investigación la mañana de este miércoles cuando fue consultada por un equipo de Telenoticias, a su llegada a los Tribunales de Goicoechea, donde afronta una audiencia de medidas cautelares desde el martes.
Por su parte, el también encartado y exdirectivo, Roberto Quirós, expuso que no puede emitir comentarios por el fondo del asunto, por recomendación de su abogado y en respeto al proceso.
"Cuando uno ha ejercido la función pública sabe que siempre tiene la obligación de dar cuentas de sus actos. Aquí estoy, para dar cuentas de mis actos. Posteriormente, podemos conversarlo con ustedes, cuando esté en la libertad y la posibilidad", dijo.
El exrepresentante patronal aseguró que en el momento oportuno dará declaraciones amplias y “suficientes” para que la opinión pública conozca la verdad de lo acontecido.
Sin embargo, recalcó que sus actuaciones estuvieron dirigidas a beneficiar a la población asegurada, a través de nuevos modelos de atención ambulatoria.