La directora ejecutiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), Cindy Coto Calvo, compareció este lunes ante Comisión Especial Desarrollo de la Infraestructura del País de la Asamblea Legislativa.
Los diputados llamaron a cuentas a Coto por el procedimiento de adjudicación de permiso en precario para la inspección técnica vehicular otorgada a la empresa Dekra, así como la emisión de un decreto que, presumiblemente, habría generado un beneficio a tal empresa en perjuicio del interés público, por cuanto le está permitiendo cobrar la tarifa de inspección completa a vehículos con dos o más fallas en lugar de la tarifa de reinspección fijada por Aresep.
Con respecto a la crítica del porqué el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) intervino en el proceso de contratación de Dekra y no el Cosevi, como dictamina la ley, la jerarca aseveró que no se podía referir a eso, ya que ocurrió antes de que ella asumiera el puesto de directora ejecutiva en el Cosevi.
Casa Presidencia escogió “a dedo” a Dekra como oferente temporal por dos años, que se vencen en este 2024, a pesar de que la compañía sueca Opus Group fue la mejor calificada entre 11 oferentes, además, ofrecía tarifas más económicas para los ciudadanos.
Los legisladores le cuestionaron por qué Dekra cobra la tarifa completa en una reinspección cuando son dos faltas al vehículo, alegando que no hay un estudio técnico que lo respalde y que, aseguran, es una medida que afecta a los ciudadanos más humildes que tienen carros más viejos, cuyos vehículos son más vulnerables en cuanto a mantenimiento se refiere.
“Nosotros enfrentamos una dificultad en este proceso y estamos tratando de reconstruir los datos y ya esto lo tenemos en la base de datos del Cosevi para que esto no vuelva a pasar, pero no tenemos cómo hacer estudios técnicos porque todos los datos los tenía la empresa (refiriéndose a Riteve)”, afirmó Coto.
La jerarca de Cosevi, dijo no saber si Dekra va a seguir dando el servicio cuando se termine el contrato, pero, si no hay avance en la nueva licitación, el permiso de uso precario se le podría extender nuevamente.
Ante esto, el diputado José Francisco Nicolás se mostró molesto y aseguró que, al igual que otras empresas, el más afectado es el ciudadano.
“Lo único que yo veo de todo esto es mucho caos y mucha opacidad. Hasta ahora el Cosevi comienza a recolectar datos reales, que antes los tenía en la base de datos la anterior concesionaria, un perfecto relajo, vemos la foto de cuerpo entero del concesionario como lo vemos en Ruta 27, como lo vemos en Caldera, como lo vemos en AERIS en el aeropuerto, todos pegados de la yugular del Estado, del bolsillo de los costarricenses, sacando hasta la última gota de sangre, como lo pueden hacer, y el Estado y sus funcionarios pasivos, dejándolos hacer lo que ellos quieren como siempre lo hacen, esa es la verdad y eso indigna”, aseveró Nicolás.
Los recursos de apelación que están presentados ante la Contraloría General de la República podrían resolverse en los próximos meses, de ser así, el Gobierno podría avanzar con el concurso de licitación para escoger una empresa capacitada que brinde el servicio de revisión técnica vehicular de manera definitiva.
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