La Comisión de Control y Gasto Público acordó abrir una investigación contra el Banco Central de Costa Rica (BCCR) por la polémica solicitud de datos de deudores que realizó tanto a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y a algunos bancos comerciales.
Así lo determinó dicha comisión durante la comparecencia del presidente del BCCR, Róger Madrigal, quien defendió la petición de datos, argumentando que estos no son sensibles y que la entidad puede pedirlos sin contar con el consentimiento informado de las personas.
La investigación, sugerida por la diputada liberacionista Andrea Álvarez, es para indagar acerca de cualquier solicitud que en ese sentido hiciera el Central a la Sugef y a cualquier entidad bancaria.
¿Por qué la polémica?
El Banco Central reconoció, días atrás, que solicitó información de las personas con deudas en entidades financieras.
Tal cosa generó enormes críticas pues expertos y funcionarios han dicho que estos datos son sensibles, en otras palabras, que no pueden recopilarlos ni almacenarlos sin un consentimiento expreso de las personas.
Madrigal argumenta que para ese tipo de información no se requiera el consentimiento, pues la misma Procuraduría ha señalado que no son datos sensibles.
Lo que se busca, según él, es identificar personas (con su número de cédula) deudoras del sistema financiero y las distintas actividades económicas que dichas personas realizan.
Madrigal agregó que estos datos solicitados tienen que ver con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no una "ocurrencia" del Central.
Esto se basa en la construcción de un repositorio con información de riesgos hidrológicos, como, por ejemplo, inundaciones.
No obstante, dentro de lo comisión, varios diputados consideraron que estos datos tienen una protección especial, pues pueden arrojar la información socioeconómica de las personas.
La misma Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, se negó a brindar los datos al Central, lo que originó una acusación en su contra por parte del BCCR.