CTP valora otorgar concesiones a grupos comunales para atender rutas de bus en abandono

El Consejo de Transporte Público (CTP) analiza la posibilidad de otorgar concesiones a asociaciones de desarrollo y otros grupos comunales como una forma de atender el creciente número de rutas de autobús en abandono.

Actualmente, según las autoridades, en el país hay unas 90 rutas que no tienen ningún contrato vigente. La gran mayoría están fuera de la Gran Área Metropolitana y su demanda es tan pequeña o su acceso tan complicado, que las empresas no encuentran la rentabilidad necesaria para, siquiera, intentarlo.

Por eso, la idea del CTP es que sean las mismas comunidades las que, mediante facilidades crediticias o algún otro modelo de inversión, adquieran y gestionen unidades que presten el servicio de transporte público a sus propios vecinos.

“Hace muchos, muchos años, acá en nuestro país había empresas o rutas operadas por asociaciones de desarrollo. Es una opción que se está manejando, así como otras que se están planteando.

“Ahora mismo hay rutas en abandono en lugares de todo el país que no son rentables en operación. ¿Por qué? Porque la demanda bajó después de la pandemia, porque hay problemas de infraestructura vial, de las carreteras y porque la mayoría son rutas de muy baja demanda. ¿Entonces qué estamos buscando? Mecanismos”, explicó Freddy Carvajal, director ejecutivo del CTP.

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Entra esas rutas aparecen algunas rurales como la de Tilarán – Monteverde, sin contrato desde 2020, o San José – Miramar (Puntarenas), vacante desde 2022. Pero también otras urbanas como la interlínea Uruca – Escazú, a la que renunció la empresa Tapachula desde marzo del año anterior.

¿Qué pasa?

Para Carvajal, la pandemia del COVID-19 vino a agravar el problema del transporte público, que en 2020 vivió uno de sus peores años de la historia en medio del aislamiento, los despidos y el teletrabajo.

“Muchas de las empresas ya estaban sufriendo para salir y luego, con la pandemia, sencillamente ya no lo lograron. Algunas lograron acomodarse y salir, otras no, pero con esa reducción en la demanda es muy difícil”, precisó.

Junto a esto, en enero anterior fueron obligadas a salir de circulación 290 unidades de autobús que cumplían la máxima vida útil que otorga la ley (15 años).

Si bien los autobuseros abogaron por una ampliación de ese plazo, el Congreso se opuso y congeló la iniciativa de ley, obligando al cierre de rutas y la reducción en la frecuencia de otras, especialmente en las zonas rurales del país.

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Desde el Ejecutivo, el Gobierno ha propuesto soluciones a futuro, como la compra subsidiada de autobuses eléctricos o la incorporación del Instituto Costarricense de Electricidad en el negocio del transporte público, iniciativas que aún no encuentran la viabilidad política necesaria para materializarse.

“Esa es una opción muy importante que tiene como escenario la inversión, porque efectivamente uno de los retos que se tiene el sector transporte público son las líneas de crédito que se deberán otorgar a los empresarios para cumplir con eso, o bien buscar fondos a nivel internacional para dar ese paso, entonces son escenarios, pero a un costo más alto.

“Por eso, lo de las asociaciones de desarrollo podría ser una solución más real en el corto plazo, porque ya agotamos todas las demás vías”, añadió el director.

Carvajal explicó que para esas rutas en abandono el CTP ya ejecutó todos los procesos que tenía a mano: se invitaron a empresas cercanas a asumir el servicio y luego se abrieron los contratos para empresas a nivel nacional, pero no hubo oferentes.

“Ya tenemos acercamiento con las asociaciones de desarrollo, en este caso con Dinadeco y otras organizaciones. Ahora es buscar un mecanismo de que las mismas asociaciones de desarrollo puedan organizarse para que puedan llegar a tener la posibilidad de tener algún tipo de financiamiento y que puedan operar los servicios, que es lo que estamos buscando, mecanismos a corto plazo que estén en nuestras manos sabiendo que es un asunto de inversión”, finalizó.