Una serie de informes con contenidos en apariencia inconsistentes e imprecisos pretendían validar una serie de actos emitidos en el marco de la adjudicación de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud.
Los documentos fueron emitidos por las gerencias General y Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con el supuesto propósito de dar sustento a acuerdos tomados por la Junta Directiva, según se desprende de las argumentaciones que hizo el Ministerio Público al solicitar y conseguir 28 allanamientos ejecutados el lunes en el caso Barrenador.
Dicha pesquisa persigue los aparentes de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública en una compra de servicios que hizo la institución administradora de los hospitales públicos del país el 6 de julio pasado a cuatro cooperativas y una asociación, que está pendiente de adquirir firmeza.
La resolución del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública puntualiza que, según la hipótesis de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA); la gerente general de la Caja, María de los Ángeles Gutiérrez, y otros dos funcionarios del área Médica formularon criterios que aparentemente fueron ordenados por la cúpula de la entidad que vela por la seguridad social entre febrero de 2023 y julio de 2024.
"En lo que respecta (...), emitieron resoluciones y análisis mediante los cuales pretendieron dar una apariencia de legalidad a las actuaciones, no obstante, el contenido de estos fue inconsistente e impreciso, contrario al principio de legalidad, principio de menor costo y eficiencia, requeridos para que los mismos tengan el sustento técnico y jurídico para dar validez a un acto administrativo.
"Contrario a ello, en función de su cargo, emitieron recomendaciones para la contratación 2023LY-000002-0001101142, de modo que fueron el medio utilizado para producir un resultado determinado lesivo a los intereses del Estado", se lee en la orden de allanamiento en poder de Teletica.com.
Se menciona como muestra de lo anterior que el 5 de julio de 2024, Gutiérrez emitió —en su calidad de directora de Proyección de Servicios de Salud— el oficio GM-DPSS-0331-2024, en el que elaboró un análisis cuantitativo para la gestión de las áreas de salud a adjudicar.
Ello pese a que, sostiene el Ministerio Público, la servidora conocía que ese estudio no formaba parte de sus competencias.
Reza la orden de allanamiento que el análisis "no sustentó lo establecido en el pliego de condiciones, ni tampoco contempló la valoración de precios pormenorizados de cada oferta".
Lo anterior se tradujo en una recomendación de efectuar la compra de los servicios médicos, presuntamente, sin el debido estudio de razonabilidad de precios.
Amplía la Fiscalía que esto ocurrió "a sabiendas de la existencia de un estudio técnico que calificó todas las ofertas de esta licitación con precios excesivos", el cual llevó al gerente de Logística y coordinador de la Junta de Adquisiciones, Esteban Vega, a recomendar a la Junta Directiva que el proceso se declarara infructuoso en la sesión del 20 de junio de 2024.
Fue precisamente esa posición la que llevó a la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel a —supuestamente— interesarse en un resultado distinto, a efecto de que se admitieran las ofertas, establece la orden de allanamiento. Dos días después, se conformó un nuevo equipo interinstitucional, en el cual participó Gutiérrez.
La orden de allanamiento emitida por el Juzgado Penal de Hacienda describe acuerdos y gestiones de miembros de la cúpula de la institución relacionados con la tercerización de establecimientos de salud.
El 6 de julio de 2024, amparada en el criterio de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, la Junta Directiva adjudicó la administración de los establecimientos de salud con un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales, como sostuvo el fiscal general Carlo Díaz.
Tanto Esquivel como Gutiérrez forman parte de los ocho detenidos durante de las diligencias. Ambas fueron puestas en libertad la noche del martes y este miércoles afrontan una audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Hacienda. Ninguna se ha referido a lo que se les achaca.
Sin embargo, en su momento, la Caja de Seguro Social defendió el procedimiento en cuestión y aseguró que el mismo incluso contempló los descuentos ofrecidos por varios proveedores interesados, los cuales llegaron a los ¢270 millones. Los últimos, en cambio, sostienen que superaron la licitación de forma transparente.
Respecto a los allanamientos y la detención de Esquivel, la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, denunció un “abuso de poder” por parte del Ministerio Público.