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Recope estima que iniciará a operar su Terminal Pacífico en el 2024
El fin principal de esta terminal es dotar al país de otro punto de abastecimiento en la costa del Pacífico.
La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) suspender de inmediato el proyecto Terminal Pacífico.
Además, ordenó anular la decisión inicial de la contratación de la construcción de dicha terminal y eliminar de inmediato del SICOP esa licitación, en resguardo de la Hacienda Pública y de forma oportuna en esta etapa tan determinante del proyecto, el cual, según el referido estudio, conllevaría un aumento en las tarifas de los combustibles.
Según informó en abril Recope, cuando anunció la licitación del proyecto, el fin principal de esta terminal es dotar al país de otro punto de abastecimiento en la costa del Pacífico, garantizando la seguridad energética de Costa Rica. Esto ante la vulnerabilidad que representa el contar actualmente con un único punto de importación para el 100% de los combustibles, ubicado en Moín.
La inversión estimada del proyecto al año 2021 es de $234 millones, el cual se cubriría con un 42% de fondos propios y un 58% con financiamiento bancario.
¿Qué determinó la CGR?
La CGR se encuentra ejecutando una auditoría acerca de la razonabilidad del proceso de preinversión de Recope, en donde se revisó el proceso de identificación, formulación y evaluación del proyecto, contenido en el referido Estudio de Factibilidad.
“Al respecto, se encontraron una serie de omisiones normativas e incongruencias, que debido a su relevancia, hacen improcedente el desarrollo de actividades de la fase de inversión de ese proyecto”, acotó la Contraloría.
“Se encontró que los actos referidos adolecen de vicios esenciales y sustanciales de nulidad absoluta, pues se omitió la evaluación del costo-beneficio del proyecto, lo que significa que se promovió una licitación pública sin existir garantía razonable sobre su rentabilidad, incumpliendo a su vez diversa normativa técnica de Mideplan, normas de control interno para el sector público, la Ley de Contratación Administrativa y de su Reglamento, entre otras, referidas a los principios de eficiencia y seguridad contemplados en el ordenamiento jurídico”, finalizó la CGR.
Si desea más detalles puede ver el video adjunto.