Este jueves los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en primer debate el proyecto 21.035, que busca recortar los montos de las pensiones de lujo mediante un aumento en las contribuciones solidarias de estas.
La medida, aprobada con el voto de 40 legisladores, básicamente pretende que aquellas pensiones que superen los ₡2.2 millones en el caso del Gobierno y Magisterio y ₡2.6 millones para las del Poder Judicial, paguen esa contribución adicional para el apoyo de los sectores más vulnerables.
Para lograrlo, la iniciativa impulsa reformas legales para reducir los montos exentos de los que actualmente gozan estas.
Por ejemplo, en el caso del Gobierno actualmente están excluidas de ese pago las pensiones de ₡2.7 millones o menos, para el Magisterio ese límite es de ₡3.9 millones y en el caso del Poder Judicial de ₡4.4 millones.
Con ese cambio, la futura ley permitiría gravar unas 3.000 pensiones de lujo que actualmente están exentas, según defiende la diputada de Restauración Nacional Xiomara Rodríguez, proponente además del proyecto.
Ese aumento en la base contributiva permitiría al Estado ahorrarse una millonaria suma, dinero que podría utilizar para ayudar a sectores vulnerables de la población.
“En el caso de las pensiones con cargo al presupuesto, lo que ocurre es que el Estado erogaría menos. El último estudio actuarial ya contemplaba que rebajar el tope a unos ₡2.5 o ₡2.6 millones ayudaría mucho en la estabilidad del fondo. Estamos hablando de unos ₡10.000.000 en los próximos 20 años”, explicó el Superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos.
Esos 10.000 millones equivaldrían a 10.000 nuevos pensionados, según Ramos.
¿Cómo se cobraría?
El proyecto propone que en el caso del Gobierno y el Magisterio se pague 25% sobre el exceso de ese nuevo límite. Ese porcentaje se eleva hasta 35% en el caso del Poder Judicial.
Para ponerlo más claro: una persona con una pensión de ₡3 millones deberá contribuir sobre el 25% de esos ₡800.000 de excedente.
Para los montos superiores a esos topes se utilizará una escala con porcentajes diferenciados a partir del excedente: entre más alta sea la pensión mayor será la contribución.
El proyecto establece, sin embargo, que no será posible rebajar más del 55% del monto bruto de la pensión.
“Para los casos en los cuales esta suma supere el 55%, la contribución especial se reajustará de forma tal que la suma sea igual al 55% respecto de la totalidad del monto bruto de las pensiones”, explica la ley.
La reforma es una de cuatro iniciativas que hacen fila en el plenario para lidiar con el tema de las pensiones de lujo.
El primero es el proyecto 21.130 de la libertaria Franggi Nicolás. Este propone fijar un tope general para todas las pensiones del país independientemente del régimen. Este sería el mismo que el de la CCSS: ₡1.6 millones.
Este se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Luego está el 21.345 del oficialista Víctor Morales, que busca trasladar al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS todos los pensionados con cargo al presupuesto.
Finalmente está la propuesta escalonada del socialcristiano Pedro Muñoz, que se compone de tres componentes: una contribución especial solidaria para bajar esas pensiones de lujo, incluir el IVM bajo la supervisión de la Supén y enviar a todos los nuevos cotizantes directamente al IVM, sin importar si son del Magisterio o el Poder Judicial, por ejemplo.