El gerente general de la Caja Costarricense de Seguro Social. Roberto Cervantes, denunció este jueves que el irrespeto y la desobediencia del Centro de Investigación de Procedimientos Administrativos (CIPA) pusieron en riesgo el proceso administrativo que se sigue por los millonarios contratos anómalos en la compra de insumos médicos por la pandemia del COVID-19.
En declaraciones a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, Cervantes confirmó que la investigación sí corrió riesgo de prescribir o caducar por la decisión del CIPA de congelarla hasta que acabara la pandemia.
“Ya esta gerencia general instruyó al gerente administrativo don Rónald Lacayo a intervenir funcionalmente al Centro de Investigación de Procedimiento Administrativo por las situaciones que están mencionando (…) Los procedimientos podrían haber corrido riesgo, pero ya en este momento con acción de la gerencia general le aseguro que no es así”, dijo el jerarca.
Cervantes precisó que hay hechos puntuales que se le investigan al CIPA: esa decisión de aplazar la investigación y otra de saltarse la estructura institucional y obviar el señalamiento de la gerencia general de que ella era el órgano decisor del Centro.
“Esa acción sí es un riesgo, es una falta de respeto porque yo soy la máxima autoridad, pero hubo desobediencia también. La gerencia general le está instruyendo al gerente administrativo intervenir funcionalmente al CIPA e investigar la legalidad de esas actuaciones”, precisó el gerente.
¿Por qué?
Cervantes dijo desconocer qué motivó a los dos abogados que componen el CIPA a tomar ambas decisiones y aseguró que la investigación precisamente apunta a precisar eso.
Lo dijo ante las reiteradas consultas de los diputados sobre la aparente obviedad de que hay una intención del Centro porque la investigación prescribiera y no llegara ninguna eventual sanción.
El gerente aseguró que el 23 de setiembre, luego de que él ordenara suspender, separar o reubicar a los funcionarios investigados, estos le solicitaron a la junta directiva eliminarme esas potestades al jerarca por ser parte de la investigación.
El 17 de diciembre, sin embargo, le devolvieron esas potestades y es cuando se da cuenta de esas decisiones.
Cervantes aseguró que a gracias a esa intervención funcional se garantiza que ningún procedimiento va a prescribir y que las pesquisas en el caso continuarán.
Actualmente hay 13 funcionarios investigados por cuatro contratos, de los cuales cinco mantienen medidas cautelares, dos fueron traslados de puesto y tres fueron suspendidos con goce de salario, entre ellos el exgerente de Logística Luis Fernando Porras y su asesor Hans Vindas.
Este último comparecerá el próximo jueves ante el órgano legislativo en la penúltima audiencia que tiene previsto el expediente. El último en llegar será el propio Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS.