El Ministerio Público solicitó el jueves que se impongan seis meses de prisión preventiva contra siete de los sospechosos en el caso policialmente conocido como "Gallo Tapado", en el que se persigue un millonario faltante en la bóveda del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).
La petición fue planteada al cabo del primer día de audiencia de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, confirmaron el defensor José Pablo Badilla Quirós y una fuente a Teletica.com.
Está previsto que la vista continúe este viernes a las 9:00 a.m., con las exposiciones de la defensa.
Mientras tanto, ante el órgano jurisdiccional se mantienen detenidos el tesorero de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Olivas Valle; los supervisores de Procesamiento de Efectivo, de apellidos Ugalde Morales, Blanco Oviedo y Ramírez Sandí; el contador de apellidos Hernández Saborío; así como la autoevaluadora de Procesamiento de Efectivo, Cerdas Méndez.
A ellos se suma el exjefe de la Tesorería, de apellidos Madrigal Faerron, quien se jubiló un día después de detectado el desfalco, el 4 de octubre pasado.
Olivas Valle es señalado por presuntamente, aprovechándose de las funciones que tenía en virtud de su cargo, haber explotado un punto ciego en la bóveda del Banco Nacional para sustraer unos ¢3.293 millones.
Esto lo hizo en tractos, introduciendo los billetes en sobres de manila que se cree que nunca fueron revisados por los dispositivos de seguridad, según la hipótesis de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Se investiga ahora si los demás servidores del ente financiero coordinaron de alguna manera con el tesorero sospechoso; o si únicamente fueron omisos en sus funciones.
Los siete encartados fueron capturados el viernes anterior durante una serie de allanamientos, tanto en la sede central del Nacional, como en las viviendas de los imputados.
Un oficial de seguridad de apellidos Bolaños Zúñiga fue liberado el jueves, luego de que se le tomara la declaración indagatoria y de que se determinara que su participación en los hechos era menor a lo inicialmente previsto.
La directora de jurídica del Nacional, de apellidos Herrera Cantillo, también fue citada para una entrevista, pero el órgano acusador descartó que vaya a hacer algún requerimiento en su contra, por las mismas razones que el guarda.
El defensor de los encartados de apellidos Ugalde Morales y Ramírez Sandí, José Pablo Badilla Quirós, se dijo anonadado por la solicitud hecha por el Ministerio Público.
"Nosotros consideramos que esta es una posición incorrecta, es punitivista y populista.
"Hasta el momento estábamos muy contentos con el trabajo que el Ministerio Público venía realizando y con la posición de la cabeza de la Fiscalía (Carlo Díaz), de que únicamente uno de los imputados estaba involucrado con el peculado. De ahí que me sorprenda la posición que los fiscales asumieron en la audiencia", señaló el jurista.
Badilla Quirós se mostró confiado de que demostrará que sus clientes no tuvieron relación con la sustracción del dinero ni incurrieron en ningún tipo de incumplimiento a sus labores.