POR Susana Peña Nassar | 23 de junio de 2021, 17:30 PM

Las intervenciones telefónicas y otras pruebas permitieron al Organismo de Investigación (OIJ) definir cómo habría puesto en marcha lo que han llamado el “ciclo de los sobornos” del caso “Cochinilla”.

A continuación, se presenta una explicación basada en los datos descritos en el expediente.

Lo primero que hay que tener claro es que uno de los miembros del grupo investigado cumple un papel fundamental: el de “gestionador” o enlace entre las constructoras y los funcionarios públicos.

A partir de ahí y con la colaboración de altos jerarcas, se habría logrado poner en marcha el "ciclo de los sobornos".

1. Las autoridades sospechan que las empresas constructoras "inflan" el precio de las ofertas que le presentan al Estado para construir obra pública. No solo incluyen la ganancia, también el "cálculo detallado y proyectivo de las personas a las que van a tener que sobornar".

2. Según el informe, el detenido de apellido Arce ofrece las dádivas o sobornos a cambio de que los trabajadores de Conavi agilicen los procesos internos relacionados con trámites y pago de facturas de esos proyectos viales a cargo de las empresas, así como otras actividades que las benefician.​

3. Los agentes sospechan que las compañías constructoras simulan que Arce les presta algún servicio y, por eso, el sospechoso emite facturas por "servicios profesionales". Los montos que se reflejan en esos documentos falsos serían los destinados a sobornos, así como a la “comisión” que gana el sospechoso.

“Utiliza una empresa denominada TRAC Pesados, que extiende facturas por prestación de servicios profesionales para, además de desvincular a Arce de MECO o de otras empresas, explicaría los movimientos económicos”, dice el expediente.

4. Es aquí donde las empresas recuperan ese dinero invertido en sobornos, precisamente por medio de los pagos que reciben del Conavi; es decir, "legalizan" los sobornos.

“Dicho en otras palabras, el dinero con el que se le pagan los sobornos a los funcionarios públicos del Conavi y demás instituciones, para hacer actos que no son propios de su deber, proviene del mismo dinero de la hacienda pública”, explica el documento del cual tiene copia Telenoticias.

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“Estos dineros, pese a que salen del accionar de Arce y demás corruptores con el visto bueno de los dueños de las empresas, realmente es importante recordar que estas empresas proveen ese líquido del mismo dinero que les está ingresando mes a mes, producto de los trabajos de obra pública que realizan, como constructores, como administradores viales, o verificadores de calidad”, agrega el expediente. 

Según los investigadores del caso “Cochinilla”, la estrategia que utilizan las constructoras para justificar sus ingresos, “conlleva un perjuicio adicional al Estado, que va más allá de violentar el deber de probidad, alcanzando, además, las obligaciones tributarias de las empresas vinculadas con la investigación y, directamente, de los propios imputados”.

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Mecanismo similar

Este “ciclo de sobornos” fue detectado de manera idéntica, durante la investigación, con varias empresas constructoras que figuran como investigadas.

El documento asegura que, solo en una semana, las sumas de dinero pendientes o ya entregadas a los corruptores ascendieron al millón de colones.

Este “ciclo”, dice el expediente, “ha servido para disfrazar los sobornos a través del disimulo de actividades presuntamente lícitas que, incluso documentalmente, pretenden encontrar respaldo para así, eliminar cualquier posible sospecha”.

Según las estimaciones del OIJ, la malversación de fondos alcanzaría los 78 mil millones de colones.

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