El caso policialmente conocido como Barrenador, un escándalo de presuntos sobreprecios en la tercerización de servicios de 138 equipos básicos de atención integral en salud (Ebáis) y 10 áreas de salud, derivó en la detención de ocho altos mandos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La presidenta ejecutiva de la institución, Marta Esquivel Rodríguez, es quien encabeza la lista de aprehendidos.
Junto a ella destacan otros cuatro directivos: Jorge Porras López, María Isabel Camareno Camareno, Zeirith Rojas Cerna, Johnny Alfredo Gómez Pana.
Los dos primeros son representantes del Gobierno de la República, mientras que los otros dos del sector empresarial.
A la parte empresarial también pertenecen otros dos exdirectivos capturados: Roberto Quirós Coronado y Jorge Araya Chaves.
El último es, a su vez, el director ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
También fue detenida la recién nombrada gerente general interina, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes.
Todos figuran como sospechosos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y prevaricato.
Los ocho se mantienen a las órdenes del Ministerio Público, a la espera de una indagatoria en los tribunales del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.
Reacciones
El Gobierno de la República calificó las diligencias de un “abuso de poder” de parte de la Fiscalía General.
Por su parte, la Caja de Seguro Social, a través del asesor legal de su Junta Directiva, David Valverde, explicó que la institución se ha puesto a las órdenes del Ministerio Público y el Organismo de Investigación, al facilitar el acceso a las oficinas y los dispositivos electrónicos requeridos en el marco de la pesquisa.
Esto con el objetivo de que “la situación sea esclarecida conforme corresponda”.
Misma postura presentó la Unión de Cámaras, al tiempo que reafirmó su compromiso “con la transparencia y la institucionalidad”, base de la democracia costarricense.
En ese sentido, además se pronunció una de las cooperativas intervenidas, Coopesiba, mediante su gerente general, Óscar Avellán.
“Hemos participado apegado a nuestros principios y valores, con los más altos cánones de la ética y la transparencia. Hemos seguido el proceso que la Ley de Contratación Pública establece. Hemos acudido a las instancias en los momentos procesales adecuados. Sabemos que en este proceso la cooperativa saldrá bien, como siempre ha salido”, defendió el vocero.