Nacional
Canatur acudirá a vía legal y constitucional para frenar impuesto a actividades turísticas
Canatur señala que Tributación ignoró la jurisprudencia administrativa existente emitida por la Procuraduría General de la República.
POR Daniel Quesada | 9 de septiembre de 2014, 5:19 AM
La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) recurrirá a instancias administrativa, constitucional y legal para intentar frenar el cobro del 13% de impuesto de ventas a las actividades turísticas.
Así lo anunciaron por medio de un comunicado de prensa en el que informan que la Cámara presentará dos acciones ante el Ministerio de Hacienda.
Estas consisten en un Recurso Extraordinario de Revisión ante Helio Fallas, y un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio y Solicitud de Medida Cautelar contra Carlos Vargas, Director de Tributación.
El primero es contra la interpretación que hizo la Dirección General de Tributación del artículo 1 de la ley N° 6826 “donde amplía el término “similares”, el cual crea un nuevo hecho generador no contemplado, ni expresa e implícitamente en la Ley”, apuntan.
La organización sostiene que el término “similares” no faculta a Tributación para aplicar el impuesto de ventas a cualquier actividad.
Asimismo, Canatur señala que Tributación ignoró la jurisprudencia administrativa existente emitida por la Procuraduría General de la República.
Pablo Heriberto Abarca, Presidente de CANATUR, afirmó que “el Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, indica que sus dictámenes y pronunciamientos constituyen jurisprudencia administrativa y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública”.
La Cámara también se plantea interponer un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional contra el Director de Tributación, bajo el argumento de que el sector turístico no fue consultado para determinar la aplicación del impuesto
“La cuarta medida anunciada por CANATUR, será acudir al Tribunal Contencioso Administrativo mediante una medida cautelar y un Contencioso de Puro Derecho, el cual reunirá todos los argumentos para que mediante la vía legal se encuentre una resolución beneficiosa para la actividad turística”, añaden.
El malestar del sector se acompaña de una queja por la potencial afectación que afirman tendría este gravamen en las actividades turísticas. Los empresarios aseguran que incluso algunas pequeñas empresas se verían obligadas a cerrar por no poder cumplir con esta obligación.