Canatrans pide a Aresep retomar convenio para frenar transporte “pirata”

La Cámara Nacional de Transportes (Canatrans) pidió a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) retomar el convenio con el MOPT para atacar al transporte público ilegal o “piratas”.

En un pronunciamiento, Canatrans insistió en que esta situación no es solo un problema para las autoridades, sino además una amenaza para el servicio formal de transporte remunerado de personas, “al drenar de forma persistente la demanda de pasajeros”, lo que incide directamente en las tarifas.

“Hacemos un llamado a la Junta Directiva de Aresep para que se reconsidere la decisión y se retome dicho convenio, ya que esta situación ha dado incluso al traste con la operación de algunas rutas que están prácticamente tomadas por piratas como es el caso de la zona Atlántica, donde solo de manera reciente se devolvieron dos rutas más al Consejo de Transporte Público (CTP)”, afirmó Silvia Bolaños, presidenta de la cámara.

Según Canatrans, el daño colateral de este problema ya es evidente en zonas donde la calidad del servicio público ha caído por la baja demanda, llegando incluso al abandono de rutas.

“En los últimos años, el transporte informal ha crecido en cuanto a número de prestadores y modalidades de servicio, agravando aún más la situación de los prestadores formales, que además se han visto perjudicados por los efectos de la reciente pandemia y la crisis de la escalada en los precios de los combustibles.

“Para proteger el volumen de pasajeros transportados, del cual dependen los ingresos necesarios para cubrir los costos de operación de los permisionarios formales, únicamente el Estado tiene la potestad como autoridad que regula el servicio, es decir es el que debe de sancionar esa conducta ilegal”, insistió la cámara.

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Aresep, insistió Canatrans, tiene la posibilidad mediante ese convenio de promover sanciones más fuertes, incluido el retiro de circulación de los vehículos o penas económicas de hasta ₡8 millones.

“La situación de la informalidad es un tema que debe atacarse de raíz y entender que, al igual que pasa con el servicio de agua o con la energía, se está usurpando un servicio que es público por lo que también se hace un llamado a los legisladores para que se establezcan sanciones más severas para quienes brinden estos servicios sin autorización previa del Estado”, finalizó Bolaños.

La Cámara dijo reconocer que existen limitaciones en la Policía de Tránsito y falta de espacio para resguardar vehículos decomisados, pero que eso no puede ser una excusa para no actuar.