El ministro de Transportes, Luis Amador, reaccionó con molestia a los alegatos de un posible delito de prevaricato por haber impulsado el permiso en uso precario para la revisión técnica vehicular desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, aun cuando esa potestad recae en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
“Pueden investigar lo que gusten, aquí no ha habido ningún prevaricato, aquí se intentó darle continuidad a un servicio”, dijo el jerarca en respuesta a esa denuncia que la diputada de Liberación Nacional, Carolina Delgado, planteó ante la Contraloría General por la presunta ilegalidad de su cartera.
El prevaricato, que básicamente castiga a los funcionarios públicos que dicten resoluciones en contra de la ley, impone penas de hasta seis años de prisión.
Amador defendió que esa decisión se revistió de un carácter de urgencia por el inminente término del contrato con la española Riteve y por la imposibilidad material de que el Cosevi impulsara ese concurso.
“La junta directiva del Cosevi no estaba integrada, no había tiempo suficiente para hacer la transición, ya venía en 15 días la entrega de los activos y sin junta directiva el Cosevi no puede tomar decisiones.
“Yo, en mi doble figura como presidente del Consejo de Administración del Cosevi y ministro de Transportes, y también representando al Estado, porque recuerde que los bienes vienen al Estado costarricense, no específicamente a una instancia, se maneja a través del MOPT y Cosevi es un órgano desconcentrado del MOPT”, aseguró.
El jerarca criticó a la diputada, además, por cuestionar el proceso, pero no aportar soluciones.
“Sería interesante más bien conocer cuál es la solución que plantea la diputada, yo no entiendo, si ella tiene una solución y no quiere que se haga de esta manera, pues sería muy importante que lo indique.
“Nosotros hicimos lo mejor posible para poder tomar los activos, terminar ese contrato y que no siguiera cinco años más pagándose a ese nivel de costos, que realmente esa tarifa bajara y no fue una medida arbitraria porque fue en un escenario muy complejo en el que no había tiempo de sacar una licitación internacional”, añadió.
También dijo que dejar que Cosevi asumiera esa función es riesgoso en virtud del proyecto de ley que presentó el Ejecutivo para, precisamente, eliminar ese y otros órganos desconcentrados del MOPT, lo que podría provocar inseguridades jurídicas a futuro para el Estado y la empresa permisionaria.
Amador aseguró que la junta directiva de Cosevi está próxima a integrarse y que, una vez esto suceda, solicitará que se le dé potestad para proceder como lo ha hecho, pero que si eso no funciona, pedirá al Consejo que inicie de nuevo ese proceso.