2021, un año polémico para el Ministerio de Educación

En materia educativa, 2021 fue uno de los periodos más movidos para Costa Rica.

Lo antecedió un año lleno de zozobra para toda la comunidad estudiantil, donde se educó a los menores de edad desde sus casas debido al COVID-19, muchos de ellos en condiciones críticas de conectividad. Los estudiantes, además, ya venían acarreando atrasos en su proceso educativo desde 2018, cuando las huelgas de docentes provocaron la suspensión de clases para más de un millón de alumnos durante algunos meses.

Luego de un año complicado, en el 2021 llegó el anuncio del regreso a las aulas el 8 de febrero, pero en una modalidad dual. 

Pocas horas antes de que arrancara el curso lectivo, se dio a conocer que al menos 800 docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP) aún tenían nombramientos pendientes.

Una ley conocida como la "Norma 12", impedía que el proceso de asignación de plazas fuera más ágil, algo que generó molestia entre los educadores y los sindicatos.

Las clases arrancaron con emoción, pero también con temor al virus. Los padres tuvieron la opción de elegir entre mandar a sus hijos a clases presenciales o que cursaran sus lecciones a distancia.

Durante aquel momento, Teletica.com consultó al MEP en reiteradas ocasiones sobre los datos de casos detectados del virus en ese sector, pero pasaron las semanas y la información no fue facilitada hasta al menos un mes más tarde. Esto quizás sea atribuible al hecho de que, en esa entidad, las cifras del primer mes no se registraron del todo. Cuando se hizo, el promedio marcó unos 125 casos semanales.

Así transcurrieron los meses de febrero, marzo y abril. En mayo, cuando la pandemia alcanzó su pico más intenso en Costa Rica, las autoridades anunciaron que se suspenderían las clases a partir del 24 de mayo y hasta el 12 de julio.

El cambio de fechas obligó a modificar el calendario escolar, que se extendió hasta enero de 2022.

Una semana después, otro anuncio importante llegaría por parte de las autoridades: el Ministerio de Educación tomó la decisión de eliminar la aplicación de las pruebas FARO a los estudiantes que se graduaran en 2021.

Es decir, 160.000 personas que cursaban sexto grado, undécimo año en colegios académicos y duodécimo en colegios técnicos serían excluidos de la aplicación de las pruebas estandarizadas.

Tras el paso de las vacaciones escolares, todo se reactivó nuevamente el 12 de julio, cuando más de un millón de estudiantes regresaron a las aulas, acatando el uso obligatorio de las mascarillas y el distanciamiento social con sus compañeros.

El 96% de los docentes retomaron el curso lectivo estando ya vacunados, y las condiciones de la pandemia parecían ir mejorando en el país. Tanto así que el MEP decidió reducir el distanciamiento en las aulas a 1 metro, manteniendo siempre la utilización obligatoria de mascarillas.

Los meses pasaron y todo se llevó con calma hasta el inicio de las pruebas FARO para estudiantes de quinto grado, del 8 al 12 de noviembre. 

Esa semana estalló el escándalo más importante del año para el MEP: un cuestionario de factores asociados hacía preguntas personales a los estudiantes, desde información sobre sus familias hasta detalles más específicos sobre el estado de sus casas o la economía de sus hogares que podían considerarse como "ofensivas".

Generó molestia e indignación en toda la población, incluso el tema llegó hasta la Asamblea Legislativa del país y al Ministerio Público.

Tras analizarlo, la institución asumió el error en la aplicación de las pruebas y sus voceros se disculparon con el país y con la comunidad estudiantil. Pero la cuestión no quedó ahí.

Un día después, la ministra de Educación, Giselle Cruz, presentó su renuncia al cargo por esta misma razón. También renunciaron Melania Brenes, viceministra Académica, y Pablo Mena, director de Gestión y Evaluación de la Calidad.

En su lugar, Carlos Alvarado, presidente de la República, designó para asumir el cargo de Ministro de Educación Pública, a Steven González. 

Lo primero que hizo el nuevo jerarca fue ordenar que se desarrollaran y ejecutaran las acciones administrativas y disciplinarias para establecer responsabilidades en la planificación, análisis, estudio, asesoramiento, investigación, evaluación, administración y ejecución del polémico cuestionario.

Además, el Ministerio Público anunció una semana más tarde que investigaría el presunto delito de violación de datos por las preguntas incluidas en los controversiales formularios de las pruebas FARO.

En principio, el MEP aseguró que los destruiría, pero luego se decidió que los entregarían directamente al Tribunal Contencioso Administrativo.

Además, Cruz y Mena fueron llamados a rendir cuentas ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

Eso apenas enfriaba cuando una publicación en una revista del Ministerio levantó otro polvorín debido a que tenía un artículo que describía actos sexuales explícitos con un lenguaje no científico. Tras la polémica, la institución decidió retractar dicha edición de la revista.

Padres de familia, sindicatos y autoridades externaron su descontento. 

Esto provocó que el nuevo ministro González y la nueva viceministra, María Alexandra Ulate, comparecieran ante los diputados, citando después a los editores de la revista y al autor de la publicación. 

El próximo curso lectivo arrancará el 17 de febrero.