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En un último esfuerzo por salvar su controvertido acuerdo de Brexit, la primera ministra británica Theresa May publicó este lunes una carta de Bruselas en la que asegura que la UE quiere evitar la aplicación del punto más conflictivo del texto.

Los diputados británicos deben votar el martes el documento de 585 páginas, fruto de 17 meses de difíciles negociaciones con Bruselas, que detalla las condiciones de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el próximo 29 de marzo.

Es una de las legislaciones más importantes presentadas al país en el último medio siglo y todo parece indicar que será estrepitosamente rechazada: el texto desagrada tanto a los euroescépticos, para quienes hace demasiadas concesiones a la UE, como a los proeuropeos, que quieren frenar el proceso y permanecer en el bloque.

En un último intento por salvar el texto, o limitar al menos su derrota, el gobierno de May publicó una carta de los responsables europeos destinada a calmar las inquietudes de los diputados, especialmente sobre su aspecto más conflicto: el denominado "backstop", un complejo mecanismo ideado para evitar una frontera dura en la isla de Irlanda.

El bloque "no desea que el 'backstop' entre en vigor", afirman en ella el presidente de la Unión Europea, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quines sin embargo dejan muy claro que el acuerdo negociado con Londres no puede ser modificado.

"Fe en la democracia"

La carta "sé que no va tan lejos como algunos diputados querrían", reconoció May durante un discurso por la mañana ante los trabajadores de una fábrica en Stoke-on-Trent, una ciudad del centro de Inglaterra que votó muy mayoritariamente a favor del Brexit en el referéndum de junio de 2016, en que el país decidió por 52% acabar con 45 años de integración europea.

May dijo esperar no obstante que esto tranquilice el debate, al tiempo que, en la víspera de la histórica votación, lanzó una advertencia al parlamento: "Todos tenemos el deber de llevar a cabo el resultado del referéndum". 

"Pido a los diputados que consideren las consecuencias de sus acciones sobre la fe del pueblo británico en nuestra democracia", afirmó. "La confianza de la gente en el proceso democrático y sus políticos sufrirían un daño catastrófico".

Durante mucho tiempo, May había afirmado que si su texto era rechazado la alternativa era un Brexit sin acuerdo, de caóticas consecuencias.

Esta posibilidad es muy temida por los medios empresariales. El Banco de Inglaterra advirtió en noviembre que provocaría una grave crisis económica, dispararía el desempleo y la inflación, causaría el desplome de la libra y del precio de la vivienda y reduciría el PIB en casi un 10%.

La idea ha provocado un fuerte rechazo en gran parte del país y un muy numeroso grupo de parlamentarios ha tomado varias iniciativas para intentar impedirlo.

Conflictiva frontera irlandesa

Los expertos de la Economist Intelligence Unit, con sede en Londres, consideran así que "un Brexit sin acuerdo es ahora el escenario menos probable", en un análisis publicado el lunes.

Contra las cuerdas, la primera ministra cambió así su estrategia y ahora asegura que una derrota podría provocar que el Brexit simplemente no tenga lugar.

Apela así a los parlamentarios rebeldes de su Partido Conservador que no quieren ver al país dar marcha atrás.

El punto más conflictivo del acuerdo negociado por la primera ministra con Bruselas es el denominado "backstop", un mecanismo ideado para evitar una frontera dura entre la República de Irlanda -país miembro de la UE- y la provincia británica de Irlanda del Norte por temor a debilitar el Acuerdo de Paz que en 1998 puso fin a 30 años de sangriento conflicto.

Este mecanismo prevé que Irlanda del Norte conserve las reglas del mercado único europeo, permitiendo mantener abierta la frontera. Y para no imponer barreras administrativas con el resto del país, todo Reino Unido permanecería en una unión aduanera con Europa. 

El "backstop" solo debería entrar en vigor si no se encuentra una solución mejor en el marco de la futura relación que ambas partes deben negociar durante el periodo de transición, previsto hasta finales de 2020 pero prolongable dos años más.

Aún así, el ala más dura del Partido Conservador de May teme que acabe manteniendo a Reino Unido indefinidamente atrapado en las redes europeas.