POR Agencia EFE | 12 de enero de 2014, 12:43 PM

(EFE). La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, detalló hoy las inversiones de su Gobierno en educación en las doce ciudades que serán sedes del Mundial de fútbol, en un claro mensaje a quienes preparan protestas contra el evento de la FIFA.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Rousseff dijo que el Ministerio de Educación preparó un "interesante" balance de las transferencias de dinero del Gobierno central para las ciudades del Mundial y volcadas a la educación, que cifró en 49.400 millones de reales (unos 21.020 millones de dólares) durante 2013.

Además, indicó que Manaus, Cuiabá, Brasilia, Fortaleza, Recife, Natal, Salvador, Belo Horizonte, Río de Janeiro, Sao Paulo, Curitiba y Porto Alegre, que acogerán el Mundial, recibieron otros créditos por 9.360 millones de reales (3.983 millones de dólares), también dirigidos al sector educacional.

"En nuestro Gobierno, la prioridad en la educación es real", afirmó Rousseff, quien apuntó que "nunca se invirtió tanto en educación", un área que calificó como "pasaporte al futuro".

Esas precisiones fueron interpretadas como un mensaje a los movimientos sociales que, a través de la internet, han convocado a una "primera gran protesta nacional" contra el Mundial de fútbol para el próximo día 25.

Las protestas fueron convocadas al hilo de las que, en junio pasado, durante la Copa Confederaciones de la FIFA, recorrieron todo Brasil para reclamar por el alto gasto público en el Mundial que comenzará el próximo 12 de junio, así como por los pésimos servicios de salud, educación y transporte, entre muchos otros.

Las manifestaciones son promovidas por una articulación de movimientos sociales bajo el lema "Nao vai ter Copa", que podría traducirse como "No va a haber Mundial".

Hasta ahora, para lo que estos grupos han bautizado como "Operación Mundial", se han confirmado actos contra la cita de la FIFA en 35 ciudades del país, entre las que se incluyen las doce sedes de la Copa del Mundo.

En la convocatoria se denuncian un sinfín de problemas sociales que, según los organizadores de las protestas, "el Gobierno optó por esconder del mundo".

En primer lugar, se cita la inseguridad en las calles de un país en el que, según datos oficiales, "800.000 ciudadanos murieron por disparos de algún tipo de arma de fuego" entre 1980 y 2010.

También critican los altos índices de prostitución infantil, la precariedad de la salud pública, los elevados impuestos, la escasa inversión en educación, la corrupción, la represión que sufren los movimientos sociales y las expropiaciones debido a las obras necesarias para el Mundial.

Frente a esas convocatorias, Rousseff sancionó el miércoles pasado un decreto con iniciativas dirigidas a construir nuevas vías de diálogo con los grupos opuestos a la cita del fútbol.

El decreto establece que la Secretaría General de la Presidencia, responsable de las relaciones con los movimientos sociales, será reforzada con dos altos funcionarios.

Su misión será "la promoción del diálogo con los movimientos y segmentos sociales con ocasión de la Copa del Mundo de 2014", dice el decreto publicado en el Diario Oficial.