POR AFP Agencia | 13 de enero de 2019, 13:20 PM

Autoridades de Colombia ofrecieron este domingo cerca de $ 32.000  de recompensa para hallar a la tripulación de helicóptero de una empresa de valores, secuestrada tras un ataque que derribó la aeronave en zona fronteriza con Venezuela. 

"Hay una recompensa que se está ofreciendo a las personas que nos den información sobre las tres personas que se encuentran en este momento secuestradas, una recompensa de 100 millones de pesos", dijo en rueda de prensa el general Nicacio Martínez, comandante del ejército, al término de un consejo de seguridad en Cúcuta (noreste). 

El helicóptero de la empresa de valores Aerocharter Andina fue atacado desde tierra el viernes, obligando al piloto a aterrizar de emergencia en el municipio de Hacarí, en la convulsa región del Catatumbo. 

Una vez en tierra, la tripulación fue abordada por hombres armados que robaron el dinero que transportaban y posteriormente incineraron la aeronave. Desde entonces, se desconoce el paradero del piloto y otros dos empleados de la compañía.

Las autoridades hacen presencia en la zona en un operativo que busca "preservar la vida" de los secuestrados.

"El municipio de Hacarí es una zona roja, tenemos tropas del ejército, hay personal de la policía en este momento en el sector, hemos desarrollado 46 registros en las viviendas", declaró Martínez.

Hasta ahora no se tiene certeza sobre quiénes serían los autores del secuestro.

En la región de Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, el conflicto involucra a la todavía activa guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a Los Pelusos, una disidencia del disuelto grupo insurgente maoísta Ejército Popular de Liberación (EPL).

Hasta 2017 la zona concentraba el 16% de los cultivos de coca en Colombia, el mayor productor mundial de cocaína en el mundo, según el más reciente informe de la ONU.

Las autoridades informan que el ELN y el EPL, además de disidencias de las FARC, están tras el dominio de las rentas derivadas del narcotráfico y la minería ilegal, lo que ha disparado este año el desplazamiento de campesinos en la frontera con Venezuela. 

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