El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se querelló este martes por prevaricación contra el juez que lo citó a declarar en la investigación contra su esposa Begoña Gómez, alegando irregularidades en esa citación, según un documento presentado por la abogada del Estado.
La querella considera que el juez Juan Carlos Peinado podría haber incurrido en hechos de "carácter delictivo" en su citación, en la que requirió interrogar a Sánchez en persona este martes en el palacio de la Moncloa, la residencia presidencial.
Finalmente, este martes Sánchez, que mantiene la inocencia de su esposa, se acogió ante Peinado a su derecho a no testificar contra Gómez, una garantía que le ofrece la ley.
Sánchez exigió días atrás declarar por escrito, lo que a su juicio le permitía la ley en tanto que presidente del Gobierno. Pero la justicia no consintió y mantuvo su testimonio cara a cara frente al magistrado.
Para justificar la manera de citar a Sánchez, Peinado había señalado que lo hacía no como presidente del Gobierno, sino como esposo de la investigada, de ahí que debía hacerlo de forma personal.
Pero la querella entiende que eso es incorrecto.
"No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación (...) es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada", subrayó el texto.
Peinado investiga a Begoña Gómez para conocer si se aprovechó del cargo de su marido en sus relaciones profesionales, en particular con Juan Carlos Barrabés, un empresario español que obtuvo ayudas públicas y que también es investigado.
La de este martes fue tan solo la segunda ocasión en que un jefe del Ejecutivo español en activo fue citado a declarar ante un magistrado, luego de que lo hiciera en 2017 el conservador Mariano Rajoy, en un juicio contra su Partido Popular (PP).
De todas maneras, el escrito de la Abogacía del Estado afirma que querellarse contra el juez no es "un ataque frente al poder judicial".
"Al contrario, es expresión en la confianza en el poder judicial, al entender que es el adecuado para resolver un abuso, en este caso judicial y atribuible a uno de los más de 5000 jueces que ejercen su función en España", agregó.
La querella busca "defender la dignidad de una institución tan importante como es la presidencia del Gobierno, para que esto no suceda nunca más a ninguna persona, independientemente de su ideología política, que el día de mañana" ocupe el cargo, dijo en rueda de prensa la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.