POR Agencia EFE | 22 de enero de 2015, 12:56 PM

San José, 22 ene (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) realizará en Costa Rica el próximo 5 de febrero una audiencia privada para revisar el estado de cumplimiento de Panamá a una sentencia del 2010 por tratos crueles e inhumanos al inmigrante ecuatoriano Jesús Vélez Loor, ocurridos en el 2002.

La directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz, representante de Vélez, dijo a Efe que hasta el momento Panamá no ha cumplido con la sentencia y que eso será expuesto ante la Corte.

Según Aguiluz, Panamá no ha cumplido con asuntos como la revisión de sus centros de detención, la capacitación del personal sobre trato a inmigrantes y derechos humanos, y que tampoco ha realizado una investigación para castigar a los responsables.

La representante de CEJIL dijo que ha percibido voluntad del nuevo Gobierno panameño del presidente Juan Carlos Varela, por cumplir con la sentencia de la CorteIDH, pero que no se ha reflejado en hechos concretos.

Este caso consiste en la detención en Panamá y posterior procesamiento de Vélez Loor por delitos relacionados con su situación migratoria, sin las debidas garantías y sin la posibilidad de ser oído y de ejercer su derecho de defensa.

La víctima también denunció falta de investigación de denuncias de tortura presentadas ante autoridades panameñas, así como condiciones inhumanas de detención entre el 11 de noviembre de 2002 hasta su deportación a Ecuador, el 10 de septiembre de 2003.

La CorteIDH aseguró en la sentencia del 2010 que Vélez "sufrió física y emocionalmente a causa de la privación arbitraria de su libertad, por las condiciones crueles, inhumanas y degradantes a las que estuvo sometido durante su detención" y que fue "sometido a un proceso migratorio sin las debidas garantías".

Los jueces determinaron que Panamá es responsable por violaciones a los derechos de libertad personal, garantías judiciales, principio de legalidad y a la integridad personal, y además que incumplió la obligación de garantizar, sin discriminación, el derecho de acceso a la Justicia.

"Ha quedado demostrado que Vélez no contó con dicha asistencia (judicial), lo cual tornó inefectiva la posibilidad de acceder y ejercer los recursos para cuestionar las medidas que dispusieron su privación de libertad, implicando un menoscabo de hecho injustificado en su derecho de acceder a la Justicia", señala el fallo.