El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, inauguró este martes una cárcel de máxima seguridad reformada luego de que fue recuperada del control de las pandillas que desde allí ordenaban asesinatos y extorsiones, y hasta tenían animales salvajes.
"Hoy comienza (...) una nueva época en el sistema penitenciario guatemalteco", dijo el mandatario, en el ahora llamado Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I, en Escuintla, 70 km al sur de la capital.
Esa cárcel, a la que antes de su reestructuración se le conocía como "El Infiernito", fue tomada en junio pasado por decenas de policías y militares, que hallaron en el sitio armas, dinero, licores y animales salvajes como cocodrilos y zorros.
"Era un cuartel general desde donde los delincuentes podían perpetuar su negocio, irónicamente mientras cumplían su condena", afirmó, al señalar que desde "El Infiernito" se cometían delitos como "la extorsión", el "tráfico de drogas" y el sicariato.
Los 225 miembros de la pandilla Barrio 18 que estaban recluidos fueron trasladados a otra prisión mientras se realizaba la reestructuración en la que fueron instalados sistema de vigilancia y de control de metales.
Arévalo señaló que el Centro Renovación I será "un modelo" en el proyecto que busca "transformar todo" el sistema penitenciario.
Unos 400 policías participaron en un operativo “Recuperación del Infiernito” para remover a más de 200 pandilleros de la peligrosa banda Barrio 18 donde tenían enseres de lujo y criaban animales.
El ministro del Interior, Francisco Jiménez, comparó "El "Infiernito" con "una verdadera universidad del crimen", donde el control lo ejercían los detenidos.
La prisión se había convertido en "centro vacacional" y "el descaro era tal que hasta un zoológico tenían los reos con colecciones de animales exóticos e incluso había animales en peligro de extinción", comentó.
Las autoridades anunciaron que próximamente serán trasladados al Centro Renovación I 260 pandilleros de alta peligrosidad.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se disputan el control de territorios para exigir el pago de extorsiones a los ciudadanos, y quienes se niegan a pagar son asesinados, según las autoridades.
Las autoridades reconocen que desde las prisiones salen la mayoría de las llamadas telefónicas de extorsión.
En Guatemala hay 25 cárceles donde están recluidas más de 22.800 personas, según datos oficiales.