La fiscalía de Perú abrió este martes una investigación por el caso de siete mujeres acusadas de "hechicería" que fueron capturadas, desnudadas y azotadas por miembros de "rondas campesinas" de vigilancia en un remoto pueblo andino.
Las víctimas fueron liberadas por los "ronderos" este martes, dijo la fiscalía, tras la intervención de las autoridades peruanas luego de la difusión de un video en las redes sociales que muestra a una mujer colgada de un pie mientras es azotada para que confiese supuestos actos de brujería.
Las mujeres fueron capturadas por los ronderos el 29 de junio, según medios locales. Tienen entre 43 y 70 años de edad. También fue detenido un hombre, pero no hay registros de que haya sido maltratado.
"Fueron retenidas por [supuestamente] ejercer la hechicería y les incriminaban el hecho que muchas personas [de su pueblo] habían perdido las capacidades físicas y habrían perdido la vida", explicó a la AFP la defensora del Pueblo (ombudsman), Eliana Revollar.
Los hechos ocurrieron en Chillia (700 kilómetros al norte de Lima), un remoto pueblo andino de 12.000 habitantes a 14 horas en auto de la ciudad de Trujillo, cabecera de la región norteña de La Libertad.
"Estas personas han sido liberadas firmando un acta comprometiéndose a no denunciar [los malos tratos sufridos] y a no ejercer hechicería", añadió Revollar, cuyo despacho tomó cartas en el asunto a la par que la fiscalía.
Por su parte, la fiscalía informó en Twitter que "siete mujeres y un hombre fueron liberados tras haber sido retenidos por las rondas campesinas del distrito de Chillia".
La entidad abrió una "investigación de oficio por el presunto delito contra la libertad, en agravio de estas personas", agregó.
Esta es la segunda denuncia en una semana contra las "rondas campesinas", organizaciones creadas hace casi medio siglo para combatir el robo de ganado y que luego combatieron las incursiones de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso (1980-2000).
El presidente Pedro Castillo, un maestro rural de la norteña Cajamarca, era miembro de las rondas campesinas, cuya acción se ampara en normas constitucionales sobre justicia comunal vigentes desde 1993.
La semana pasada, la fiscalía abrió otra investigación tras la denuncia de que un equipo de reporteros de televisión que dijo ser retenido y amenazado por "ronderos" en Cajamarca mientras indagaba sobre la familia de Castillo.
- "Les obligaron a confesar" -
En el video que circula se observa a una mujer colgada de un pie mientras es azotada para que confiese. También se ve otra mujer desnuda que es interrogada por los ronderos.
"Le pegaron por su cuerpo, está con moretones. Les obligaron a ingresar a un pozo para confesar sus actos", dijo Aida de la Cruz, hija de una de las víctimas, Olivia Campos, de 60 años.
El jefe de la defensoría del Pueblo en la región de La Libertad, José Luis Agüero, dijo que las mujeres recibieron latigazos.
"Las castigan, las desnudan, les ponen ortiga [planta que causa escozor e inflación en la piel] en el cuerpo, muchas veces con el látigo", dijo Agüero a la emisora de radio RPP.
Los ronderos de este poblado situado en los Andes a 3.100 metros de altura, planeaban tenerlas un día más en su poder para castigarlas, pero las liberaron por presión de la fiscalía y la defensoría.
En el acta que firmaron, las víctimas también se comprometieron a irse del pueblo y a no someterse a exámenes médico-legales que puedan confirmar los maltratos recibidos, indicó Revollar.
- "Denuncia contra ellas" -
El jefe de los ronderos de Chillia, Manuel Quijano, justificó el castigo afirmando que hubo "una denuncia de los señores que eran víctimas con los actos de hechicería".
"La población indignada por esta situación decidió tomarlas a estas señoras y pasarlas a su cadena ronderil, previa aprobación [de una asamblea]", expresó Quijano a RPP, negando que las mujeres hubiesen estado "secuestradas".
La ronda es el único servicio de seguridad en vastas áreas remotas de Perú donde la presencia del Estado es nula o mínima. En Chillia la policía tiene solo tres agentes frente a unos 1.300 "ronderos", según la defensora del Pueblo.