El caso que lleva al banquillo a la infanta Cristina

Palma de Mallorca (España), 22 dic (EFE).- La infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, será juzgada como presunta cooperadora en dos delitos fiscales de los que se acusa a su marido, Iñaki Urdangarin.

El juez instructor del llamado "caso Nóos", José Castro, la ha incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral que ha dictado hoy.

En contra de los argumentos de la defensa de Cristina de Borbón, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Castro consideró que la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias está legitimada para llevar a juicio en solitario a la hermana del Rey, para la que reclama ocho años de prisión.

El caso, abierto en la Audiencia de Palma de Mallorca (Islas Baleares) investiga al Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que presidió Urdangarín, a la que supuestamente se desviaron 6,1 millones de euros (unos 7,5 millones de dólares) de fondos públicos entre 2004 y 2007.

La infanta Cristina y su esposo crearon la sociedad Aizoon, que compartían al 50 %, a la que presuntamente se desviaron los fondos ilícitos, defraudando así a la hacienda pública.

El juez instructor, en un auto contra el que según su criterio no cabe recurso, fija para Cristina de Borbón una fianza por responsabilidad pecuniaria de 2,6 millones de euros (3,1 millones de dólares).

Castro rebate los argumentos de la defensa de la infanta, particularmente, los de la Fiscalía Anticorrupción, que presentaron escritos reclamando el sobreseimiento de la causa respecto a ella en aplicación de la llamada doctrina Botín, por la que no se llevó a juicio al entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín.

Una de las razones esenciales del instructor es que en el caso en el que el Tribunal Supremo decretó que la acusación popular no estaba legitimada por sí sola para llevar a juicio al presidente del Banco de Santander, la Fiscalía y la Abogacía del Estado reclamaban el sobreseimiento de la causa, mientras que en el caso Nóos sólo lo solicitan para la infanta, no para otros acusados.

En respuesta a los reproches del fiscal del caso, Pedro Horrach, sobre la supuesta indefensión de la infanta ante la actuación de Castro, el juez asegura que "ninguna imputación ha sido tan profusamente fundamentada", y que de haber diferencia de trato sería por haber sido con ella "incluso aun más garante que con los demás imputados.

Además de la infanta Cristina, otras 16 personas serán juzgadas por diferentes delitos en este proceso, ente ellas su esposo, Iñaki Urdangarín, el socio de éste, Diego Torres, y su esposa, y Jaume Matas, que fue presidente del gobierno regional de las Islas baleares y ministro de Medio Ambiente con José María Aznar.

Acusación popular

Imputada en un primer momento por un delito de blanqueo de capitales, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca redujo los cargos a los delitos fiscales por los que será juzgada, pedidos por el sindicato Manos Limpias, que actúa como acusación popular.

Este sindicato se ha quedado como único 'acusador' de la infanta, en contra de la opinión de la defensa de Cristina, de la abogacía del Estado y del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, contrarios a que fuera juzgada.

"Si no llega a ser por la acción popular no se hubiera producido la imputación", señaló a la AFP Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, presentada como una organización de extrema derecha y que suele personarse como acusación en todos los casos por corrupción.

Iñaki Urdangarin se enfrenta, por su parte, a una petición del fiscal de 19,5 años por los delitos de malversación de caudales públicos, estafa, prevaricación, falsedad en documento público, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, dos delitos contra la hacienda pública y un delito de blanqueo de capitales.

La decisión del juez llega apenas dos días antes de que el rey Felipe VI pronuncie su primer discurso de Navidad el 24.