EEUU: destino de condenado a muerte en el limbo tras polémica por inyección letal

WASHINGTON, 22 mayo 2014 (AFP) - La Corte Suprema estadounidense postergó a última hora del miércoles la ejecución de un prisionero en Misuri (centro), cuyo destino quedó en un limbo tras la controversia suscitada por la agonía que sufrió recientemente un condenado a muerte al recibir la inyección letal.

En medio de la polémica generada por la atroz ejecución practicada hace tres semanas en Oklahoma (centro, vecino a Misuri), que ha puesto en cuestión la composición farmacológica de las inyecciones letales, las tres ejecuciones que han debido llevarse a cabo desde entonces han sido postergadas.

El último es Russell Bucklew, a quien le aguardaba la muerte a las 00H01 del miércoles (05H01 GMT), pero una seguidilla de procedimientos legales a última hora del martes consiguió que la Corte Suprema emitiera una suspensión temporal de la ejecución.

La decisión del máximo tribunal de regresar el caso a una corte de apelaciones, a última hora del miércoles, ocurre pocas horas antes de que terminara el plazo de aquella suspensión temporal.

Los abogados de Bucklew argumentaron que el reo sufre de una rara condición médica debido a tumores vasculares en el cuello y que el cóctel letal que le iban a inocular le provocaría enormes sufrimientos antes de morir, lo cual sería anticonstitucional.

Bucklew fue condenado a muerte en 1996 por asesinar a su rival amoroso y violar a su exnovia.

Ésta hubiese sido la primera ejecución en Estados Unidos después de la de Clayton Lockett el 29 de abril en Oklahoma (centro sur), tras una larga agonía que reavivó la batalla entre partidarios y opositores a la pena capital.

Lockett murió 43 minutos después de que se le inyectara un cóctel letal con fármacos que nunca habían sido puestos a prueba. Habitualmente los condenados mueren 10 minutos después de la inyección.

Por esto, en los últimos días se han multiplicado los recursos judiciales ante los tribunales para cuestionar los nuevos procedimientos utilizados en las inyecciones letales, el secreto entorno a los fármacos empleados y el sufrimiento al que se enfrentan los condenados.

Las protestas han llegado hasta la Casa Blanca, donde el presidente Barack Obama calificó la ejecución de Lockett como "profundamente perturbadora" y aprovechó para pedir una revisión completa de la práctica.

Secreto de Estado

Tras el escándalo, dos ejecuciones programadas después de Lockett se han pospuesto, una en Oklahoma y otra en Texas. La ejecución del tercero de la lista, Bucklew, fue aplazada luego de que sus abogados cuestionaran el pentobarbital utilizado por ese estado.

Bucklew "corría el riesgo considerable de una muerte atroz y prolongada a causa de su estado de salud poco común y grave", según un comunicado de su abogada defensora Cheryl Pilate.

En sus súplicas, Bucklew afirmó que sus tumores vasculares y problemas circulatorios le harían sufrir una agonía similar a la de Clayton Lockett.

"Aquello que podría ser constitucional para un prisionero, sería considerado un grave riesgo e incluso tortura para otra persona", argumentó Pilate.

Hablando en nombre de varios condenados a muerte como él, en particular de aquellos que ya tienen su ejecución en agenda, Bucklew cuestionó en particular el secreto de la proveniencia de los barbitúricos.

A raíz de la decisión de los fabricantes europeos de negarse a vender el anestésico más común (el pentobarbital) a quienes lo adquieren para ejecuciones humanas, los 32 estados de Estados Unidos que aún aplican la pena de muerte tienen dificultades para hallar barbitúricos.

Es así que recurren a preparados muy controvertidos disponibles en farmacias, pero no homologados por las autoridades federales.

"Para considerar métodos alternativos de ejecución, un preso debe poder obtener información del producto que el estado de Misuri pretende utilizar, así como su origen y los ingredientes que contiene", dijo la abogada, criticando que el asunto sea manejado como "un secreto de Estado".

A pesar de la polémica, aún el 59% de los estadounidenses está a favor de la pena capital contra el 35% que se opone. No obstante, dos tercios de los consultados prefieren otro método de ejecución, como la silla eléctrica, la cámara de gas o la horca.