El diputado oficialista Luis Eduardo Camacho presentó este lunes un anteproyecto de ley que facilitaría el indulto del expresidente Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua tras ser condenado por blanqueo de capitales.
"El proyecto busca establecer un marco regulatorio para evitar lo que son las interpretaciones cambiantes con respecto al tema de la amnistía, el indulto y la rebaja de pena", señaló Camacho a la AFP.
"Con esta norma una de las cosas que estamos haciendo es definir qué es delito político", agregó.
Camacho afirmó que su anteproyecto de ley no favorecerá inmediatamente a Martinelli porque solo establece "un marco regulatorio" para la concesión de indultos, pero reconoció que puede ofrecer "un mayor fundamento jurídico" a una hipotética medida de gracia en favor del expresidente.
Camacho, vocero de Martinelli y diputado del partido Realizando Metas (RM, las siglas del exmandatario) presentó el anteproyecto en la Asamblea Nacional, donde este colectivo tiene 14 de 71 diputados.
Martinelli huyó en febrero a la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá para evitar ser detenido, después de agotar todos los recursos para anular una condena en su contra a casi once años de cárcel por blanqueo de capitales.
Sin embargo, el gobierno de entonces le negó el salvoconducto para que pudiera viajar a Nicaragua.
El presidente actual, José Raúl Mulino, quien sustituyó a Martinelli al frente de la nómina presidencial de Realizando Metas, prometió en campaña ayudar al exmandatario, aunque posteriormente ha tomado cierta distancia de su mentor.
Los opositores sospechan que Mulino podría beneficiar a Martinelli otorgándole un salvoconducto o indultándolo, algo que fue negado por el propio presidente la pasada semana.
"El caso de Martinelli está igual, no ha habido avance, no ha habido solicitud de salvoconducto y es un tema que se está manejando a nivel de justicia, no del órgano ejecutivo", afirmó Mulino.
La ley panameña establece que un presidente puede otorgar indultos por cuestiones políticas y no por delitos comunes.
Sin embargo, según Camacho, la legislación vigente no aclara cuáles son esos asuntos políticos que puede indultar un gobernante.