POR AFP Agencia | 19 de mayo de 2024, 7:58 AM

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justificó este sábado la incautación de propiedades que pasaron al Estado para programas sociales, y que según la oposición y oenegés suman al menos 135 bienes confiscados.

"Han sido incautadas una cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero, (…) donde se estafaba para quedarse con propiedades de gente que de buena intención quería vender la propiedad", dijo Ortega en un acto por aniversario del general Augusto Sandino, que enfrentó la ocupación militar de Estados Unidos en los años 1920.

"Todas estas propiedades son varios millones, están en manos del Estado nicaragüense (...) para el beneficio de los pobres, para invertirla en todos los programas sociales, desde vivienda, salud, educación, seguridad social", agregó Ortega.

La Procuraduría de Nicaragua defendió el viernes haber "recuperado legalmente" y no "confiscado" propiedades de opositores, universidades y oenegés, en el marco de juicios por narcotráfico, lavado de dinero y delitos contra la seguridad, decisiones administrativas por incumplimiento de leyes.

"El Estado reitera su estricto cumplimiento al respeto de la Propiedad Privada (...), que prohíbe la confiscación de bienes", indicó la entidad estatal.

El jueves, el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, de la oenegé Hagamos Democracia, cancelada el 2018 pero que funciona desde Costa Rica, denunció que desde ese año el gobierno de Ortega "ha confiscado" al menos 135 propiedades, con un valor de unos 250 millones de dólares.

Sin dar detalles, el presidente nicaragüense señaló que las autoridades están "investigando para sancionar a todos los que resulten culpables" de las "estafas".

"Lo importante es que esa riqueza (…) está en estos momentos en manos del Estado, a disposición del pueblo, a disposición de los pobres, a disposición de los campesinos, a disposición de la juventud", añadió Ortega.

El traspaso de propiedades al Estado se da en el marco del endurecimiento de las leyes en Nicaragua sobre asociaciones civiles tras las protestas contra el gobierno en 2018, que en tres meses de bloqueos de rutas y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.

El gobierno de Ortega, que consideró esas manifestaciones como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, aseguró que opositores y algunas oenegés las financiaron.

La oposición asegura que hasta abril han sido clausuradas 3.494 oenegés y 29 universidades.