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Shanghái (China), 2 ene (EFE).- China, el país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones de personas, a pesar de su rápido desarrollo económico de las últimas décadas sufre ahora las contrapartidas de su masiva actividad industrial, ya que tiene 3,33 millones de hectáreas demasiado contaminadas para cultivar.

El viceministro de la Tierra y los Recursos Naturales, Wang Shiyuan, reconoció esta semana la envergadura del problema y dijo que su Gobierno destina ya "decenas de miles de millones de yuanes" anuales a combatirlo y a rehabilitar los terrenos y cauces subterráneos de agua contaminados.

Hasta ahora la contaminación del aire y de las aguas de gran parte del país causaron que no se hablara tanto de los efectos de los vertidos industriales en la calidad y la salubridad de la propia tierra, que pese al tamaño de China suma tan sólo el 7 por ciento de los terrenos cultivables del planeta.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el gigante asiático cuenta aproximadamente con apenas un 12 por ciento de su vasto territorio como terreno cultivable, para alimentar a una población rural de 900 millones de personas, además de a los cerca de 500 millones de sus ciudades.

El problema empieza a salir a la luz en los medios locales por escándalos alimenticios de arroz y otros cultivos contaminados, sobre todo en el este, el centro y el sureste del país, donde más intenso ha sido el desarrollo industrial y económico que hicieron de China la "fábrica del mundo" en las últimas décadas.

Zonas como el delta del río Yangtsé (en torno a Shanghái, este), el delta del Perla (en la provincia de Cantón, sureste), la provincia central de Hunan o la más antigua base industrial del noreste de China, con ciudades como Pekín, Tianjin, Shenyang y Dalian, son las más afectadas por el problema.

Según Wang, China no permitirá que se vuelva a plantar en terrenos contaminados, ya que Pekín desea evitar por todos los medios que las sustancias químicas y tóxicas de los desechos industriales entren en la cadena alimenticia local.

Sin embargo, cumplir esto no será fácil en un país donde la necesidad de aprovechar al máximo todo terreno disponible ha dado lugar a que miles de granjas y campos de cultivo de todo el territorio acaben situados muy cerca de minas, plantas químicas, acerías o fábricas de industria pesada.

El objetivo del Gobierno es garantizar que al menos haya 120 millones de hectáreas cultivables anuales (hubo 111,59 millones en 2011, según las cifras más recientes de la FAO, con una superficie récord de 124,36 millones en 1992, y con su cantidad anual más baja registrada hasta ahora fijada en 96,94 millones, en 1980).

Para conseguirlo será necesario rehabilitar los terrenos afectados, aunque el Gobierno ha detectado en algunas zonas la presencia de metales tóxicos de origen industrial de hace incluso un siglo, así como de pesticidas prohibidos en los años ochenta.

Los investigadores oficiales temen que hasta el 70 por ciento del suelo de todo el país pueda sufrir en la actualidad este tipo de problemas.

A pesar de estar "estrictamente prohibidos", en 2013 han salido al mercado, y después a la luz, partidas de arroz contaminadas con niveles peligrosos de cadmio en la ciudad suroriental de Cantón, aunque el cultivo procedía de Henan, una provincia gran productora de metales pesados.

El plan económico quinquenal 2011-2015 prevé reducir las emisiones de la industria pesada y limpiar las zonas contaminadas, lo que podría hacerse, aunque a más largo plazo, plantando árboles o vegetación que absorba esos metales pesados de la tierra pero no sea consumida por seres humanos.

Con todo, la cadena alimenticia de la fauna local se verá inevitablemente afectada durante generaciones.

Un estudio de las autoridades chinas, llevado a cabo entre 2007 y 2009, asegura que el país contaba en realidad con 135 millones de hectáreas de cultivo, 13,5 millones más que en su anterior estudio nacional de 1996.

Sin embargo, indicó también que en ese tiempo se habían perdido 10,67 millones de hectáreas de praderas en todo el país, ante la degradación de su vegetación o su uso para la construcción o el cultivo.