Acusan por primera vez a oficiales por delitos de lesa humanidad en Ecuador

QUITO, 1 octubre 2013 (AFP) - La fiscalía de Ecuador pidió por primera vez este martes enjuiciar a seis generales y cuatro coroneles en retiro por delitos de lesa humanidad cometidos presuntamente bajo el gobierno del fallecido León Febres-Cordero (1984-1988).

En una audiencia pública, el fiscal general Galo Chiriboga presentó cargos contra los oficiales por su supuesta responsabilidad en la tortura, violencia sexual y desaparición forzada a la que fueron sometidos tres exguerrilleros en 1985.

Dos de las víctimas, Susana Cajas y Luis Vaca, asistieron a la audiencia de juzgamiento, mientras Javier Jarrín permanece fuera del país, constató la AFP. Los tres fueron detenidos arbitrariamente y torturados, y en el caso de Susana Cajas violada repetidas veces, antes de recobrar la libertad, según la fiscalía.

El jefe del organismo pidió el arresto preventivo o domiciliario de los acusados. "Tenemos indicios claros y precisos de que los involucrados tienen que ver con los delitos", sostuvo Chiriboga.

En el grupo de oficiales figuran los generales del Ejército Luis Piñeiros y Jorge Asanza, exministros de Defensa del expresidente Cordero, y el exjefe de la policía Edgar Vaca, también vinculado con el gobierno derechista de la época.

Apoyándose en la evidencia recopilada por una Comisión de la Verdad que funcionó entre 2007 y 2010, la fiscalía pidió enjuiciar a los acusados por "el delito de lesa humanidad instrumentado en la tortura, la desaparición forzada y la violencia sexual".

La Comisión documentó 136 casos de violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en su mayoría durante el gobierno de Febres-Cordero, elegido democráticamente y quien murió en 2008 por una enfermedad pulmonar sin haber sido juzgads.

Febres-Cordero combatió a sangre y fuego a la guerrilla urbana de Alfaro Vive Carajo (AVC), una organización minúscula de corte marxista leninista que operó en los años ochenta y que estuvo implicada en asaltos a bancos, secuestros y enfrentamientos con la fuerza pública.

El grupo fue diezmado militarmente y abandonó la lucha armada en 1991, tras firmar un acuerdo de paz.

"Fuimos detrás de los mantalizadores de la represión, de los que hicieron que estas violaciones de derechos humanos sucedan de manera sistemática", explicó a la AFP Fidel Jaramillo, director de una unidad de la fiscalía responsable de llevar ante la justicia las violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión.

Crueles interrogatorios

Los casos denunciados este martes por la fiscalía remontan a noviembre de 1985, cuando los tres exmilitantes de AVC fueron detenidos por el Ejército en la ciudad costera de Esmeraldas, en el norte de Ecuador.

Jarrín, Cajas y Vaca fueron encapuchados y llevados clandestinamente a un batallón militar del sur de Quito, donde fueron torturados con descargas eléctricas y sometidos a vejámenes. Durante 15 días, Cajas, entonces de 21 años, fue víctima de violencia sexual.

"Yo nunca estuve en un interrogatorio vestida. En todos los interrogatorios me exigían que me desnudara completamente para interrogarme, y ahí había toda la aplicación de electricidad, de agresiones sexuales", dijo a la AFP Cajas, de 48 años y diputada suplente del partido de gobierno.

Ella y Jarrín fueron sacados de la unidad militar después de dos semanas y encarcelados por portar documentos falsos, mientras que Vaca contó a la AFP que estuvo dos años y medio detenido clandestinamente, incomunicado, y que durante ese tiempo intentó suicidarse en dos ocasiones. Las Fuerzas Armadas negaron en la época tener en su poder a los tres exguerrilleros.

"Este es un delito que pese a que sucedió hace 28 años no ha prescrito. Pediremos medidas cautelares, como prisión preventiva y retiro del pasaporte" de los acusados, anticipó Jaramillo en una entrevista realizada antes de la formulación de cargos.

Consultada por la AFP, la Asociación de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, que agrupa a oficiales en retiro, declinó pronunciarse sobre la decisión de la fiscalía.

Entre los cargos formulados contra los uniformados está el de desaparición forzada, que según Jaramillo debe ser juzgado así la víctima haya aparecido.

Por su parte el canciller Ricardo Patiño, quien asistió a la audiencia, celebró la decisión de la fiscalía. "A veces la justicia tarda pero llega. Que sepan los torturadores, que sepan aquellos que violan los derechos humanos, como se hizo en el gobierno de León Febres-Cordero, que les llegará su momento", dijo.