Costa Rica ante la noche más larga del narco: ¿cuál es la salida?

Costa Rica, el tradicional país pacífico y libre de ejército que hace años solo era un puente de tránsito para el narco, es hoy una zona de almacenaje y logística para estos grupos criminales. Según el ministro de Seguridad,  Michael Soto, en los últimos 20 años en el país aumentó drásticamente el movimiento de droga y cambió la forma en la que operan la narcobandas.

“Antes decomisábamos dosis más pequeñas de 200 o 500 kilos, hoy en un solo evento hemos llegado a 6 toneladas. Además las bandas operan de modos más empresariales, funcionan por outsourcing, donde las estructuras criminales mexicanas o colombianas contratan costarricenses para que les vendan servicios de almacenaje y distribución hacia otros países”, explicó el ministro Soto.

En los últimos años, se ha roto año con año el récord de incautaciones: para 2018 se decomisaron 35 toneladas de droga;  para 2019 fueron 46 y para 2020 y 2021 se igualó la cifra de 71 toneladas.

Además, solo en el último año, las policías del país desarticularon 35 bandas de tráfico internacional de droga, y para 2019  Costa Rica ya era nombrada en medios internacionales  como uno de los puntos desde dónde se alimenta el tráfico de drogas a Europa.

Lea también

Los tentáculos del narco

Así como crecen las bandas y las cifras de la droga, también aumentan las formas que estos grupos criminales usan para penetrar a estructuras formales del país, sus tentáculos abarcan desde la compra de lujosos bienes para el lavado de dinero, hasta la infiltración en los cuerpos policiales.

Según datos del Ministerio de Hacienda, en Costa Rica para el año 2020 el lavado de dinero era de $4.359 millones, una cifra equivalente al 6% del producto interno bruto (PIB).

Lea también

La cercanía del narco con la clase política también alarma. Precisamente en 2021, la Asamblea Legislativa abrió una comisión especial para investigar la penetración del narcotráfico en la política, luego de que se hiciera público que seis diputados y otros seis exdiputados habrían recibido en sus despachos a tres sujetos investigados por tráfico de drogas. 

Finalmente, esta comisión legislativa cerró la investigación, sin mayores avances mientras el expediente judicial del caso sigue en manos de la Fiscalía.

Lea también

​Pero sin duda, la aparente penetración del narco en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) fue lo que diseccionó todos los reflectores internacionales hacia el país. El denominado caso "Azteca" estalló el 9 de noviembre del 2021, con una supuesta red de tráfico de drogas que habría creado sociedades anónimas y dos empresas constructoras para adjudicarse contratos de obra públicos y así legitimar grandes sumas de dinero.

Un caso que desnudó las barreras contra las que chocan las autoridades en el combate de estas narco-estructuras, y ante lo que el propio director del OIJ, Walter Epinoza reconoció la urgencia de facilitar a las policías "herramientas como las escuchas telefónicas y mayor rapidez en el acceso a datos sensibles".

Ante la que parece la noche más larga del narco en Costa Rica y de cara a un cambio de Gobierno, ¿cuáles son las propuestas de quiénes aspiran a la presidencia para frenar el auge del narcotráfico? 

Al menos siete de los candidatos coinciden en que la primera acción sería colocar escáneres en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos del país. Se trata de José María Figueres (PLN),  Fabricio Alvarado (PNR), Rodrigo Chaves (PPSD), Eliecer Feinzaig (PLP), Welmer Ramos (PAC), Eduardo Cruickshank (PRN) y Rodolfo Hernández (PRSCR).

Chaves habla de “construir una muralla de escáneres” alrededor del país y mantener en sótanos, ocultos y anónimos, a quienes se encargan de revisar las imágenes; mientras Hernández  dice que además se debería recurrir a dispositivos inalámbricos que permitan “hacer inspecciones de furgones en carretera”. Por su parte, Cruickshank habla de capacitar y dar más recursos tecnológicos a los policías.

La instalación de escáneres ha sido un tema sin resolver desde hace años. En 2017, el país se negó a recibir cinco escáneres donados por China aduciendo falta de dinero para el mantenimiento; en 2018, con la aprobación de la reforma Fiscal se incluyó un transitorio que daba doce meses a Hacienda para instalar este tipo de tecnología; y recientemente en 2021 una ley volvió a ordenar la instalación escáneres.

Lea también

Otras propuestas de los candidatos apuntan a la digitalización como un mecanismo de transparencia. Alvarado impulsaría el “gobierno digital” y revisaría la legislación actual para cerrar portillos a relaciones de “entre personas vinculadas con carteles y políticos”; en el caso de Ramos, propone “ir eliminando paulatinamente el uso de dinero en efectivo” y “rotar a funcionarios políticos de alto nivel para que no sean vulnerables presiones de grupos mafiosos”.

Figueres, por su parte,  se enfocaría en el sistema de financiamiento de los partidos, dice que regresaría a un esquema donde el Estado sea el que otorgue los recursos, mientras que Feinzaig “fortalecería la regulación bancaria”

José María Villalta (FA) dotaría de más herramientas de investigación a la Fiscalía y agilizaría procesos como  “el  levantamiento del secreto bancario”, además impulsaría la  “ley extensión de dominio” y regularía el lobby en la función pública. Para Lineth Saborío (PUSC), la solución sería crear un plan con “medidas integrales” con un acuerdo entre los tres poderes de la República.

Mientras que Natalia Díaz (PUP) y Rolando Araya (PCJ) adoptarían medidas desde la prevención del consumo. Díaz impulsaría centro de formación de líderes y valoraría la legalización de la marihuana; y en el caso de Araya, recurriría al diálogo internacional para migrar a una política de combate a la adición de las drogas.

Rodolfo Piza (PNP) propone acuerdos internacionales y no descarta plantear una reforma constitucional para “extraditar a los costarricenses vinculados al crimen organizado”; mientras que Greivin Moya (PFN) propone crear una comisión local de alto nivel para la lucha contra el narco como la que ya existe a nivel regional, y mejoraría los salarios de los funcionarios que trabajan en el control del delito.

Usted puede repasar las respuestas de los 25 candidatos presidenciales al combate contra el narcotráfico aquí.